Los integrantes de la Unidad Laboral de Enfermeros(as) y Empleados(as) de la Salud (ULEES) llevaron a cabo una manifestación frente al centro de salud comunitario HealthproMed, en Santurce, para denunciar prácticas ilícitas administrativas como explotación laboral y negociaciones en contra del convenio colectivo.
Según el portavoz de la ULEES, Ariel Echevarría, la directora ejecutiva, la licenciada Ivonne Rivera, incumplió con el convenio al cambiar, sin notificación previa, un acuerdo de reembolsar pagos por renovaciones de licencias en su totalidad a plazos prorrateados. Por esta acción, la unión sindical sometió una querella a la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo Federal, que encontró “causa probable para juicio”, a celebrarse en marzo, confirmó Echevarría a Metro Puerto Rico.
PUBLICIDAD
El funcionario sindical indicó, además, que los médicos y profesionales de salud que trabajan en el centro 330 alegaron que Rivera, entre otros empleados, propician un ambiente de persecución que ha provocado la renuncia de personal.
Por su parte, la licenciada Rivera negó la acusación de la unión y sostuvo que la discrepancia surge porque la ULEES busca retener el derecho a despedir empleados por no unionarse y pagar las cuotas de la organización sindical.
“Tengo que enfatizar que HealthproMed reitera su respeto al derecho de cada empleado de decidir libre y voluntariamente asociarse o no a la unión laboral de su elección”, sostuvo la directora ejecutiva.
El miembro sindical sostuvo que el centro comunitario solo cuenta con 14 médicos en todos los centros, ubicados en San Juan, Carolina, Guaynabo, Cataño, Vieques y Culebra. “Quienes más se afectan [en San Juan] son los pacientes de Barrio Obrero y comunidades aledañas que atienden esta organización”, declaró Echevarría.
Rivera, no obstante, aseguró que cuenta con alrededor de 220 empleados en los centros y alrededor del 70 % de esa empleomanía se ubica en el local de San Juan.
PUBLICIDAD
Estos reclamos se integran a las protestas de los profesionales de salud unionados, como la Unión General de Trabajadores, que protestó en diciembre en el Centro Médico de Puerto Rico para exigir mejores condiciones laborales y contratación de profesionales de salud. Incluso, el Departamento de Salud ha reconocido que no inspecciona los hospitales tan frecuentemente como quisiera.
Las manifestaciones, además, se enmarcan ante el estado precario de los hospitales tanto en infraestructura como en la administración. El Grupo Hospitalario HIMA San Pablo, por ejemplo, se acogió a quiebra por deudas ascendentes a $472 millones, mientras que, a principios de enero, el hospital Buen Samaritano, en Aguadilla, suspendió 15 empleados por “falta de flujo de efectivo”.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
