OGP y Vivienda difieren en detalles sobre propuesta para revitalizar cascos urbanos del norte

La propuesta legislativa que busca crear el Programa de Revitalización “Corredor del Norte” —para transformar cascos urbanos desde Toa Alta hasta Quebradillas en distritos de uso mixto con vivienda asequible, comercio local y turismo cultural— recibió esta semana evaluaciones encontradas de dos dependencias del Ejecutivo: la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de la Vivienda.

El Proyecto de la Cámara 1184 plantea, entre otras medidas, establecer “Zonas de Incentivo Urbano” con beneficios contributivos para nuevos negocios, habilitar una oficina de permisos de “vía rápida” para rehabilitar estructuras abandonadas, rediseñar calles bajo el modelo de “Calles Completas”, impulsar sistemas de transporte colectivo entre cascos urbanos y crear un sello de promoción regional llamado “Identidad del Norte”.

OGP: respalda el objetivo, pero no recomienda aprobarlo “en su forma actual”

En una comunicación fechada el 11 de mayo y dirigida al presidente de la Comisión de la Región Norte de la Cámara, Jerry Z. Nieves Rosario, la OGP sostuvo que la revitalización de los cascos urbanos es un fin legítimo de política pública, pero advirtió que el diseño del proyecto plantea retos jurídicos, administrativos y presupuestarios. La agencia concluyó que no puede recomendar la medida en esta etapa por considerarla fiscalmente imprudente, al entender que crea obligaciones recurrentes y reduce los recaudos sin identificar fuentes de repago ni mecanismos compensatorios claros.

En cuanto al componente de permisos, la OGP señaló que el esquema de aprobación automática, si la agencia no actúa en 30 días, podría entrar en conflicto con el debido proceso y con evaluaciones indispensables de seguridad pública, ambiente, revisión estructural y planificación territorial, especialmente en propiedades abandonadas o declaradas estorbos públicos.

Sobre los incentivos contributivos, la agencia planteó que la delimitación de exenciones y créditos debe cumplir criterios de uniformidad y razonabilidad, y alertó sobre la sostenibilidad fiscal tanto para los municipios como para el Gobierno central.

En su análisis fiscal, la OGP indicó que el proyecto tendría un impacto significativo y recurrente, difícil de precisar en esta etapa debido a la falta de estimados oficiales y de parámetros operacionales claros. Como ejemplo, mencionó la exención del IVU municipal por cinco años, la exención de arbitrajes de construcción y créditos contributivos de hasta $200,000 por proyecto.

Además, advirtió sobre costos potenciales no detallados en el texto, como los asociados a la implantación de “Calles Completas” —aceras, iluminación, señalización y ciclovías— y a la operación de un sistema de transporte colectivo regional.

Como ruta alternativa, la OGP recomendó considerar una implementación gradual, incluyendo la posibilidad de un proyecto piloto en municipios seleccionados, priorizar el uso de fondos federales ya disponibles para iniciativas de infraestructura y desarrollo económico, y establecer topes anuales agregados para los incentivos sujetos a disponibilidad presupuestaria. También obtenga sugerencia insumo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sobre posibles efectos respecto al Plan Fiscal certificado bajo PROMESA.

Vivienda: ve méritos, pero pide enmiendas y coordinación interagencial

Por su parte, el Departamento de la Vivienda, en un memorial explicativo fechado el 8 de mayo, indicó que la medida se alinea “en términos generales” con la política pública de revitalización urbana y fortalecimiento comunitario, al promover la reutilización de estructuras en desuso, la densificación urbana y la integración de vivienda asequible como componente del desarrollo económico sostenible.

Sin embargo, Vivienda advierte que varios elementos requieren mayor precisión para garantizar la viabilidad jurídica y operativa. Entre los señalamientos, destacó que el crédito contributivo propuesto, de hasta el 25% de la inversión para rehabilitar estructuras declaradas estorbos públicos, dependerá de una coordinación efectiva entre los procesos contributivos y la facultad municipal de declarar propiedades en abandono, a fin de evitar desfases que limiten su implementación. Además, recomendó vincular la elegibilidad del incentivo a certificaciones municipales vigentes, establecer criterios uniformes sobre el concepto de vivienda asequible e incorporar mecanismos de fiscalización.

El Departamento también señaló que algunos municipios mencionados en la medida —incluidos Manatí, Dorado, Toa Baja y Toa Alta— enfrentan retos particulares en inventario y mercado de vivienda, por lo que pidió que la integración de vivienda asequible responda a métricas objetivas, estudios actualizados de necesidad y la consideración de esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación en curso. En su recomendación final, Vivienda planteó que el texto, tal como redactado, requiere enmiendas sustanciales y una revisión interagencial antes de su aprobación final.

Próximos pasos

Ambas comunicaciones fueron remitidas en el marco del trámite legislativo y de las vistas públicas en la Cámara. Mientras la OGP insiste en que cualquier iniciativa debe evitar comprometer recursos recurrentes sin identificar el financiamiento y las medidas compensatorias, Vivienda solicita mayor claridad técnica y coordinación entre agencias y municipios para que los incentivos y metas de vivienda asequible puedan ejecutarse sin conflictos. La Comisión cameral evaluará ahora las recomendaciones para determinar si enmienda el P. de la C. 1184 antes de continuar su consideración.