El futuro de la Universidad de Puerto Rico
Lee aquí la columna del fundador y expresidente del partido Proyecto Dignidad
Soy producto del sistema público de enseñanza. Me gradué de sexto grado de la escuela elemental Ángel Ramos en Country Club, Río Piedras, y estudié de séptimo a cuarto año en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Todavía recuerdo la tarde en que mataron a Antonia Martínez, asomada en el balcón de su hospedaje, en la intersección de la avenida Gándara y Ponce de León. En el corre corre, llegó la guardia universitaria a la escuela y nos evacuaron hacia el casco de Río Piedras. Es obvio que la experiencia que vivimos aquel día es inolvidable. Estudié un año en el Colegio de Mayagüez y luego terminé premédica del 1972 al 1974 en el Recinto de Río Piedras de la UPR. Terminé el doctorado en medicina en 1978, luego de cuatro años en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Estoy agradecido por la oportunidad que se me brindó y la calidad de la enseñanza que recibí en el sistema de la UPR. Sin embargo, no puedo negar la realidad del ambiente cargado de conflictos ideológicos que nos afectaba y la continua intervención y obstrucción de los grupos universitarios de izquierda que se imponían por la intimidación. Igual realidad vivió mi esposa en sus estudios. Mi primer hijo se graduó del Colegio de Mayagüez y vivió lo mismo. Mi segundo hijo, del grupo de los 100, me pidió que lo sacara de la UPR por las constantes interrupciones en sus estudios, y terminó su bachillerato en la Universidad Politécnica en Hato Rey, a un costo mucho mayor. Mi tercera hija estuvo a riesgo de ser agredida en medio de un conflicto huelgario en la UPR, terminando su maestría. Mi cuarta hija decidió que no iba a estudiar en la UPR. Le bastó con la experiencia de sus hermanos. Cursó sus estudios en instituciones privadas. Tengo la impresión de que no he sido el único en experimentar directamente el clima de incertidumbre, cargado de ideología de izquierda, de minorías vociferantes que se imponen por la intimidación y el atropello; y todo ello, en el marco de una administración pasiva, incapaz de proteger al estudiantado y al personal, por no decir cobarde y servil.
Algo me dice que nada ha cambiado. Probablemente está peor. El último capítulo se está escribiendo por la huelga que actualmente ha paralizado el sistema. Los grupos estudiantiles, protestando por las decisiones de la presidenta Zayira Jordán Conde y que fueron avaladas por la Junta Universitaria, cerraron los portones. Nadie entra, nadie estudia y nadie trabaja. Sin embargo, los estudiantes reciben sus becas sin estudiar, los profesores cobran sin dar clases y el personal no docente cobra sin trabajar. Mientras tanto, el pueblo de Puerto Rico paga. Tendrán problemas los estudiantes de intercambio y aquellos que están por graduarse y proseguir estudios o empezar a trabajar. Cuánto se afectarán las investigaciones, particularmente los experimentos, no sabemos. Nada de eso le importa a los organizadores de la huelga.
No puedo emitir juicio sobre lo apropiado de las decisiones de la presidenta, pero parece ser que el cargo la faculta para tomar las mismas. El cuerpo que tenía la autoridad para rescindirlas, la Junta Universitaria, le dió su aval. No son diferentes a decisiones tomadas por presidentes previos. Es obvio que la presidenta no goza de mucha simpatía, por lo menos entre algunos grupos de la comunidad universitaria. Dicen que en su nombramiento hubo irregularidades, que incluyeron presiones político partidistas. No es de sorprendernos, pues siempre las han habido. También es obvio que la huelga es un instrumento de presión, ya no para que se retracte, sino para que renuncie. Realmente es una lucha de poder entre la autoridad formal de la presidencia y la influencia informal de otros grupos. La pregunta importante debe ser, ¿qué le hace más daño a la Universidad, las decisiones de la presidenta o la huelga?
La huelga se está dando en un barco de ilegalidad e impunidad. La Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores del sector privado y de los empleados de corporaciones públicas o instrumentalidades que funcionan como empresas. No hay tal cosa como derecho a la huelga para los estudiantes. Tienen el derecho a expresarse y a protestar, pero no tienen el derecho a interferir con los estudios o el trabajo de los demás. No tienen el derecho a cerrar los portones, evitando así el acceso a los lugares de estudio y de trabajo. El rector de Mayagüez, quien fue al tribunal buscando un interdicto para abrir los portones, el cual le fue concedido y que no lo ha implementado, tiene un problema serio de carácter. Ocupó el tiempo y el esfuerzo de los tribunales para luego no actuar. Su inacción alimenta la impunidad de los que actúan al margen de la ley.
La Universidad se encuentra en terreno incierto. Tiene problemas presupuestarios serios, una matrícula que va en descenso y el cuestionamiento de muchos que se preguntan si sigue siendo relevante y si vale la pena seguirla sosteniendo económicamente. Enfrentar estos cuestionamientos probablemente implique tomar decisiones difíciles y radicales, como por ejemplo, cerrar recintos y disminuir ofrecimientos académicos. Sobre todo, hay una condición que es indispensable para garantizar que la UPR tenga futuro. La administración tiene que garantizar la continuidad de los estudios. Solo eventos de fuerza mayor pueden interferir con los mismos. Eso solo se logrará cuando, a la vez que se defiende el derecho de unos a expresarse y protestar, se defiende el derecho de otros a estudiar y a trabajar. Eso es justicia para todos.
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