El uso indebido del poder
Lee aquí la columna del exrepresentante por el PPD, abogado y comunicador
En Puerto Rico, no podemos permitir que se normalice la idea de que las estructuras del gobierno existen para beneficio personal, político o económico de quienes ocupan posiciones de poder. Ese es un límite que una democracia seria no puede cruzar sin consecuencias profundas para la confianza pública.
Las controversias recientes relacionadas con figuras como la secretaria de la Familia, Suzanne Roig; la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez y las denuncias surgidas alrededor de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras vuelven a colocar sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: la peligrosa tendencia de algunos funcionarios a confundir el poder público con un patrimonio personal.
Aquí no pretendo decidir si una conducta específica constituye o no un delito. Ese análisis le corresponde a las agencias investigativas y a los tribunales. El problema más profundo es cultural y político. Durante demasiado tiempo, algunos han tratado de ratificar conductas que reflejan una visión equivocada del servicio público: el uso de influencias, relaciones, contratos, recursos o posiciones gubernamentales como herramientas para adelantar intereses individuales o de allegados.
Cuando ese comportamiento comienza a verse como “parte del sistema”, el daño institucional es enorme. El ciudadano pierde confianza en las agencias, en los procesos y en la capacidad del gobierno de actuar con imparcialidad. Peor aún, los servidores públicos honestos, que son la inmensa mayoría, terminan cargando con el peso reputacional provocado por una minoría.
El país necesita volver a establecer líneas claras. El gobierno no puede ser una plataforma para privilegios. La función pública exige un estándar ético superior precisamente porque administra recursos, decisiones y estructuras que pertenecen al pueblo, no a individuos particulares.
También hace falta entender que la transparencia no puede depender únicamente de investigaciones posteriores o escándalos mediáticos. Debe existir una cultura preventiva de cumplimiento, supervisión y rendición de cuentas dentro de cada agencia pública.
Normalizar estos episodios sería uno de los peores errores colectivos que podríamos cometer. Porque cuando una sociedad deja de escandalizarse ante el uso indebido del poder, comienza lentamente a perder la capacidad de distinguir entre servicio público y beneficio personal.
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