COR3 anuncia medidas para acelerar el desembolso de fondos para obras de reconstrucción

A un mes de iniciado el año en el que ha prometido que 2,000 proyectos con fondos federales lleguen, al menos, a la fase de subasta de construcción, y luego de que un cantidad sustancial de alcaldes se quejara de la lentitud en los procesos de desembolso, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, aseguró la entidad ha adoptado nuevas iniciativas para agilizar el flujo de efectivo que requieren los subrecipientes para ejecutar las obras.

Por un lado, Laboy anticipó que, para marzo, los ayuntamientos podrán solicitar dinero con mayor facilidad al llamado Fondo Rotatorio estatal, luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) accediera a que esos adelantos no se contabilizaran contra los niveles de margen prestatario que autoriza el Código Municipal. Los anticipos suelen ser necesarios ya que muchos subrecipientes, particularmente los municipios, carecen de la liquidez para arrancar con las obras en tanto esperan por los pagos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que trabaja a base de reembolsos.

De otra parte, el ingeniero sostuvo que una de sus prioridades en el primer mes del 2022 fue exigir a los consultores de COR3, particularmente a ICF Incorporated, “sentido de urgencia” al atender las peticiones de reembolso que someten los subrecipientes, que además de municipios incluyen a las agencias del gobierno central.

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Aunque ya han pasado casi cuatro años y medio del paso del huracán María, y el gobierno proyecta que se recibirán unos $45,000 millones de FEMA, en Puerto Rico apenas se han gastado unos $4,400 millones de esas partidas, de acuerdo con los datos suministrados hoy por el COR3.

“Yo estoy consciente, porque soy un ciudadano como cualquier otro y también vivo esa experiencia, que vamos a cumplir cinco años (de María) en septiembre. Por eso es que el enfoque del COR3, más allá de que se obliguen los fondos –porque si no hay fondos, no hay proyecto– es que se ejecuten los proyectos para que se vea la obra en la calle”, subrayó Laboy en una rueda de prensa en las oficinas de la dependencia.

Y es que, de los aproximadamente $4,400 millones que el COR3 ha desembolsado, apenas $262.7 millones corresponden a trabajos de obra permanente. La inmensa mayoría de los fondos, unos $4,100 millones, fueron reembolsos federales por labores de emergencia tras el ciclón.

Ayer, la JCF notificó al gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes legislativos que desistiría de incluir el dinero que los municipios reciben del Fondo Rotatorio en los cálculos sobre el margen prestatario de los ayuntamientos “siempre y cuando el municipio haya tomado los pasos necesarios para asegurar el reembolso de FEMA”.

“La Junta de Supervisión ha adoptado esta posición a pesar de que esos adelantos constituyen una transacción de deuda municipal, reconociendo que el gobierno federal probablemente reembolsará dichos adelantos”, agregó el ente.

Aunque el Fondo Rotatorio cuenta con $750 millones, el COR informó que solo se han adelantado unos $10 millones correspondientes a unos 19 proyectos, algo que atribuyó al proceso burocrático que impuso la JCF. Según Laboy, bajo el proceso actual, la JCF suele demorar varios meses, luego de presentada la solicitud, en autorizar un desembolso del Fondo Rotatorio.

Laboy indicó que, una vez recibida la carta de la JCF, no será necesario esperar por la legislación, actualmente en trámite, que pretendía eliminar los adelantos recibidos del cálculo de margen prestatario disponible.

“Es un trámite interno, mayormente con Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), porque se tienen que revisar las guías. Si va a haber algún cambio las tiene que aprobar la Junta. La parte procesal es que las guías se ajusten, si se requiere algún ajuste, y lo que se llaman los acuerdos, que ocurre entre el gobierno de Puerto Rico y el municipio, por ejemplo, con Aafaf, para que Hacienda pueda hacer ese adelanto estatal. Ahí está el enfoque ahora mismo. Dije marzo, pero puede que sea antes”, subrayó Laboy.

El jefe de COR3 precisó que no existe un tope al dinero que los municipios puedan solicitar al Fondo Rotatorio, que se nutre de los reembolsos federales que reciben los subrecipientes por las obras ya realizadas.

Otro de los cambios que se han hecho en busca de acelerar el acceso a capital de municipios y agencias receptoras de fondos consiste en un ajuste en la forma de compensar a ICF Incorporated. Previo a octubre de 2021, la firma consultora facturaba por hora, pero a partir de la entrada en vigor de un nuevo contrato se cambió a un modelo de ‘task order’, en el que esencialmente cobran una tarifa por las tareas específicas que el COR3 le delega.

Laboy ha reconocido que alcaldes de municipios como Jayuya, Yauco, Villalba, Las Piedras y Canóvanas, entre otros, se han reunido con él para denunciar la lentitud con la que ICF maneja las solicitudes de desembolso que llegan a sus manos. En algunos casos, los alcaldes han solicitado a COR3 que dé por terminado el contrato de ICF, que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2022, con la opción de extenderse hasta por dos años adicionales.

“Necesitamos que sean más eficientes. Los asuntos que se discutieron, estamos dentro de los parámetros de un contrato, por lo tanto, no los puedo divulgar. Pero puedo decir que hay un plan de acción bien contundente donde expresamos las cosas que hay que atender, tanto por parte de los municipios como la parte de nosotros. Le quiero llamar eficiencia. Una de las metas principales es que tenemos que ser eficiente con los recursos que tenemos. Tenemos que lograr ser eficientes, productivos y con sentido de urgencia”, recalcó Laboy, al precisar que sostuvo una reunión el pasado jueves con personal de ICF.

Como parte del esfuerzo para agilizar los trámites, Laboy mencionó que se han realizado mejoras al portal mediante el cual los subrecipientes presentan solicitudes de desembolso, a modo de eliminar “redundancias”.

“Una redundancia ciertamente es que, si ya se pidió un documento, que se tenga que volver a pedir. Eso, lamentablemente, ha sucedido”, sostuvo el funcionario.

De acuerdo con los datos suministrados, los 78 municipios tienen a su cargo el 75% de los más de 7,300 proyectos permanentes para los que ya se comprometieron los fondos federales, aunque esa porción solo representa cerca del 10% de los $20,300 millones asignados a ese tipo de obra. En términos monetarios, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Educación se combinan para manejar el 73% de ese monto, aunque con una cantidad menor de proyectos.

Pese a las intenciones de agilizar los trámites, Laboy advirtió que FEMA realiza auditorías trimestrales sobre los fondos que desembolsa, lo que implica que cualquier irregularidad podría derivar en una rápida paralización de los fondos obligados. El COR3, en síntesis, está encargado de velar por que los subrecipientes cumplan con todas las leyes y reglamentos que rigen el uso de fondos de reconstrucción, con la excepción del programa de Desarrollo Comunitario Tras Desastres (CDBG-DR), que corresponde al Departamento de la Vivienda.

Hasta el momento, FEMA ha requerido al COR3 información de los desembolsos realizados en o antes de 2020, así como de parte de 2021, y Laboy aseguró que todavía no se ha recibido ninguna notificación de recobro por mal uso del dinero.

“Dependiendo de lo que nos contesten sabremos si hay riesgo o no de algún tipo de posibilidad de cartas de recobro. Tenemos una comunicación constante con FEMA para asegurarnos que la documentación, evidencia y datos que nos piden la puedan constatar y que, en efecto, cumple con sus expectativas”, dijo Laboy, al puntualizar que, por gran parte del periodo de recuperación, FEMA ha estado a cargo de realizar los desembolsos directamente.

Específicamente, FEMA tuvo esa responsabilidad entre septiembre de 2017 y marzo de 2019, cuando la cedió al COR3. Sin embargo, en julio de ese año, FEMA asumió nuevamente esa función, en medio de la crisis política que derivó en la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

En noviembre de 2019, la agencia federal devolvió al COR3 el control sobre los fondos.