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Grupos sociales repudian la decisión de la jueza Laura Taylor Swain

"El Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central... no es bueno para Puerto Rico sino una sentencia de muerte para un futuro digno", dijo Eva Prados

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Grupos multisectoriales a favor de la auditoría de la deuda, repudiaron hoy a la confirmación del Tribunal Federal del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central.

“Hoy se inicia un capítulo nefasto para el pueblo de Puerto Rico. Aunque se había adelantado su posible confirmación, el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central hoy aprobado por la Jueza Swain no es bueno para Puerto Rico sino una sentencia de muerte para un futuro digno a los que residimos en este País. Nos mantenemos en que este plan de pago no es viable ni sostenible. La reducción que se hace a la deuda en bonos nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir tolerando más pobreza para nuestra gente, implantando más medias de austeridad y aumentos en el costo de vida para garantizar el pago a los bonistas buitres. Se perdió una importante oportunidad para darle un nuevo comienzo a nuestra isla”, expresó la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

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“Repudiamos la decisión de la Jueza Swain que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro. Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar y la mayoría emitida ilegalmente en el magisterio que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos. Pero los verdaderos responsables de esta pésima decisión es la Asamblea Legislativa y el Gobernador Pedro Pierluisi quienes brindaron su apoyo a la Junta de Control Fiscal en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales como era su deber con el pueblo” expresó  por su parte Mercedes Martínez, portavoz del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública. 

Los grupos que componen la Jornada contra el Tumbe y el Plan de Ajuste aseguraron que  se reunirán  para establecer plan de trabajo en defensa para una nueva jornada de lucha contra la implementación del plan.

“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de “cero recortes” a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos. Los responsables de esto son el Gobernador y  los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla. Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar”, expresó Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo

Por parte de los grupos representativos de la UPR, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) añadió  “este acuerdo de la Junta con los bonistas nos llevará a una segunda quiebra o nos dejará sin dinero y tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico, más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos que ya estamos viendo como el IVU, CRIM, Crudita, peajes, gasolina, agua y luz para garantizar el pago a los bonistas”.

“La confirmación del PAD es la confirmación de que la pobreza y la emigración es la agenda de país para el presente y el futuro de los trabajadores de Puerto Rico. El Gobernador y los Legisladores que aprobaron la Ley 53 del 2021, impusieron el pago de una deuda sin auditar antes que el bienestar del Pueblo. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado de forma organizada tenemos que tomar acción para combatir la privatización de servicios públicos, rescatar a nuestro país y sacar del camino a los que impiden nuestro desarrollo social y económico”, añadió Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

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La junta dijo que el plan firmado por la jueza federal Laura Taylor-Swain reduce la deuda pública de Puerto Rico en un 80% y ahorra al gobierno más de 50.000 millones de dólares en pagos de servicio de deuda. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta federal de control designada para supervisar las finanzas de la isla, destacó que el plan reduce las cantidades reclamadas al gobierno de 33.000 millones a poco más de 7.400 millones. También evita los recortes de pensiones propuestos que desataron acalorados debates y crearon una profunda división entre la junta de control y la legislatura y el gobernador de Puerto Rico, quienes se oponían firmemente a estas reducciones.

El plan que reestructura la deuda del gobierno central destaca que Puerto Rico cuenta con recursos suficientes para pagar la deuda hasta 2034, pero los opositores han señalado que el gobierno no cuenta con las finanzas necesarias para cumplir con los pagos de servicio de deuda, y advirtieron sobre la posibilidad de nuevas medidas de austeridad.

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