La pareja contra quienes pesa una orden de arresto luego que se negaran a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva contra el COVID-19 el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, se encuentran atrincherados en un auto en la urbanización José Mercado en Caguas.
Actualmente agentes del S.W.A.T. se encuentran en el lugar y un negociador realiza trabajos para lograr que se entreguen luego que hoy el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontrara causa para arresto en ausencia.
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Zulma I. Figueroa Córdova, de 53 años, y su esposo, Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, enfrentan un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo.
Particularmente, la pareja se negó a cumplimentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, según requerida mediante la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi, por lo que el Departamento de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia.
En la noche de hoy, la mujer procedió a realizar una transmisión en vivo dentro de su vehículo a través de la red social facebook donde alega que la orden de arresto es ilegal. Asegura que no procede porque a su entender no hay una ley que así lo dicte.
“Aquí dentro de mi vehículo en donde el Departamento de Salud, porque ahora no es la Policía, es el Departamento de Salud quien se cree con jurisdicción para coartarle la libertad a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de esta tierra de Puerto Rico. Yo no soy la persona jurídica que fui citada con esa mentira que está diciendo (Carlos) Mellado (secretario de Salud) de que yo fui citada. Yo me presenté desde ayer a la División Legal del Departamento de Salud de Puerto Rico y dejé unas notificaciones y unas leyes claras y estoy esperando. Se les dieron cinco días para que contestaran”, dijo.
“El Departamento Legal ponchó toda la documentación que yo llevé.Yo fui al Tribunal de Carolina ayer y no tenían ningún caso ni nada en mi contra porque yo no soy la persona jurídica que ellos hablan. Pero no, estaba vistando mi naturópata, llego frente a mi casa y no me dejan bajar del vehículo. Aquí está todo un espectáculo, un tour de force, ¿orden de arresto bajo qué ley, qué delito se ha cometido? ¿Por qué no lo hicieron en el aeropuerto? ¿Por qué en el aeropuerto pude salir sin problema ninguno? ¿Qué les dolió? que el fiscal me dio la razón… ¿por qué este show de force?, que ahora está hasta SWAT que me va a destruir el carro encima. Aunque haya una orden de arresto si es ilegal y sin juez… si la fiscal se atreven emtir órdenes de arresto que son ilegales, inconstitucionales no proceden”, apuntó.
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Catalogó a la Policía como “monigote que no saben nada de la constitución”.
“Juran defender una constitución y lo que hacen es violarle los derechos a los ciudadanos. Yo no he cometido ningún delito. No hay ningún delito tipificado. Las órdenes ejecutivas no son ley, no están en el artículo 4 de la constitución en el poder ejecutivo en ninguna de las 10 estipulaciones. Aquí vamos a estar hasta las últimas consecuencias y viene gente a apoyarnos”, manifestó.
La fiscal de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Ileana Martínez Rosado dijo en declaraciones escritas que “el juez ordenó su arresto, en vista de que no comparecieron hoy, a pesar de que fueron debidamente citados. Lo que demuestra su claro menosprecio por la autoridad y la ley, así como un desafío al tribunal y a nuestro sistema de justicia”.
“Ante esto y por tratarse de un caso de alto interés público, solicitamos la imposición de fianza. Aunque el cargo radicado es menos grave, el juez impuso $10 mil de fianza a cada uno al amparo de la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal”, explicó
La fiscal indicó que ambos podrían ser penalizados con una multa o hasta 6 meses de prisión.
La pareja, que llegó a Puerto Rico junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, se negó a cumplir con el trámite establecido para ingresar a la isla de manera segura y evitar la propagación del COVID-19.
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Al pasar al área de inspección, informó a funcionarios de la Guardia Nacional y empleados contratados por el Departamento de Salud que no proveería sus datos a través de la Declaración de Viajeros. “Los oficiales procedieron a escoltarla a la mesa donde se encontraba una empleada que le asistiría a cumplimentar la referida declaración. Sin embargo, la señora Figueroa, de manera altanera, retante y con claro menosprecio a la Orden Ejecutiva, se negó nuevamente a proveer su información personal, evidencia de resultado negativo de COVID-19 y su identificación”, relató la fiscal.
Mientras ocurrieron los hechos, la imputada se mantuvo grabando el proceso con su teléfono celular. Luego de esto, abandonó el aeropuerto junto a su esposo e hijos sin proveer la información solicitada por los funcionarios para cumplir con la obligación establecida en la Orden Ejecutiva.
“La Orden Ejecutiva contra el COVID-19 tiene fuerza de ley y se aprobó como medida para proteger a todos los ciudadanos. Su incumplimiento no solo es ilegal, sino que representa un riesgo a la salud de la población en este momento crítico. Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Nadie está por encima de la ley. Todo aquel que visite o resida en la isla tiene que cumplir con las normas establecidas. En este momento, más que un deber ciudadano, representa un acto de consideración con el prójimo. Todos queremos regresar a la normalidad y tenemos que colaborar”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La investigación se llevó a cabo con el apoyo de la supervisora de inspectores de la Oficina Investigaciones Departamento de Salud, Moraima Cruz Delgado.
