El gobernador Pedro Pierluisi dijo el domingo que no favorece que se enmiende la ley para permitir que, en caso de corrupción de un alcalde, se realice una elección general para escoger al sustituto.
La Ley vigente establece que el escaño pertenece al partido por el cual apareció en la papeleta y, por lo tanto, le corresponde a esa colectividad llevar a cabo el proceso para escoger al sustituto.
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“Siempre ha sido así y debe ser así. Cuando un funcionario electo obtiene el escaño, ese escaño o puesto es del partido. Eso ha sido así y debe seguir siendo así”, dijo el gobernador al salir de la reunión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, Joanne Rodríguez Veve, presentó un proyecto de ley que pretende que en caso de que la vacante del escaño de alcalde surja por causa de una acusación criminal grave o de corrupción el partido perderá su potestad sobre dicho escaño. Además, según se propone, la elección especial a celebrarse para cubrir dicha vacante se deberá llevar a cabo de forma abierta, permitiendo la participación de candidatos de todos los partidos políticos y ciudadanos independientes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
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De otra parte, el Directorio de PNP aprobó que se adoptará e impulsará como política pública la adopción del Proyecto de la Cámara 1113 presentado el 6 de diciembre del 2021 por representantes del Partido Nuevo Progresista y que propone enmendar el Código Municipal de Puerto para obligar el requisito de subasta pública en la otorgación de contratos para el establecimiento de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos y para los contratos de arrendamiento municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios para el manejo de desperdicios sólidos.
Se acordó además que se impulsará como política pública enmiendas al Código Municipal para requerir a los municipios y a la Asamblea Legislativa establecer medidas de transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación de servicios profesionales como se le requiere a la Rama Ejecutiva.
Finalmente, se adopta como política pública la rigurosa aplicación del Artículo 5.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico para que el Gobierno de Puerto Rico exija en los tribunales la indemnización monetaria equivalente al triple daño económico ocasionado mediante conducta ilícita de corrupción, tras la convicción de cualquier funcionario público o privado.
