Relatos del discrimen con Puerto Rico durante respuesta y recuperación de los huracanes

Los huracanes Irma y María dejaron al descubierto la discriminación racial de instituciones gubernamentales de Estados Unidos hacia los ciudadanos residenres en Puerto Rico, según denunciarion varios ponentes que participaron ayer de una sesión informativa de la Comisión de Derechos Civiles de estados Unidos realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana

Charlotte Gossett Navarro, directora ejecutiva de la Federación Hispana expresó que hubo interferencia discriminatoria contra Puerto Rico de parte de Estados Unidos. Muchos de los panelistas coincidieron con este pensamiento.

“FEMA no manejo bien los esfuerzos de ayuda. Bajo el velo de neutralidad política, los niveles más altos de FEMA cerraron los ojos a este trato desigual que costó tantas vidas”, aseguró la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Por su parte, la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau-Aubert, planteó que la crisis no afecta a todos los ciudadanos por igual. “Esto tiene un efecto cumulativo sobre los grupos marginados históricamente. El racismo sistémico permite discrimen contra las mujeres, personas negras y los envejecientes”, dijo Godreau.

Los ponentes plantearon que la opresión racial se ha visto durante el proceso de respuesta federal, por ejemplo, en la falta de transportación y de justicia que aumento la vulnerabilidad de personas de bajos ingresos, envejecientes y personas con dificultades de movilidad.

Según la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, el desastre se convirtió en una gran crisis humanitaria. “No había agua, electricidad, comida, internet, teléfonos, toda la infraestructura colapso y mucha gente vulnerable fue dejada para morir en sus casas”, aseguró Rosario Méndez. Añadió que, en Loíza, un pueblo que la mayoría son mujeres negras, 70% de las personas viven bajo el nivel de pobreza y que luego de los huracanes cinco refugios de violencia domestica tuvieron que cerrar por problemas estructurales, falta de electricidad y falta de apoyo del Gobierno central. Lo que, según Rosario Méndez, constituye una violación a los derechos de las mujeres.

“Es imperativo que FEMA adopte un enfoque interseccional al manejo de emergencias. Deben prestarle más atención a varias variables como raza, género, edad, discapacidad o locación geográfica que afectan la capacidad individual y colectiva de recibir ayudas federales”, mencionó Yarimar Bonilla, directora del Centro de Estudios Puertorriqueños.

Uno de los testimonios de las comunidades afectadas fue el de Carmen Villanueva Castro, Portavoz de Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna. La líder comunitaria destacó que hay una gran crisis de vivienda que no se atiende desde el paso de los huracanes y los terremotos que aun siguen sucediendo.

“Nuestro archipiélago no solamente sufrió por el paso de los huracanes Irma y María, a esto se unió los terremotos que desde hace dos años siguen ocurriendo en el área sur y no existe una respuesta gubernamental urgente para resolver los asuntos de falta de vivienda que están pasando miles de ciudadanos en nuestras comunidades. Además, también vivimos en el 2019 la renuncia de un gobernante y nos llega la pandemia del Covid-19. No creo que exista otro país en el mundo que demuestre tanta fortaleza”, mencionó Villanueva. Además, enfatizó en que funcionarios se apropian de recursos públicos sin consecuencias graves.

“Algo que ocupa la atención de todos los días, al igual que en otras ocasiones y que lamentablemente ocurre sin consecuencias con impunidad por muchos años, que es la acusación recurrente de funcionarios públicos apropiándose para su beneficio personal de recursos públicos que debieron ser utilizados para atender las necesidades de nuestra gente”, indicó.

“Aún tengo los recuerdos a flor de piel de los vientos del paso de maría que con su peso devastaría a toda una isla. sin embargo, los huracanes solamente demostraron lo frágil de la infraestructura que por décadas sabemos que no cumpliría con la protección de la vida de nuestros ciudadanos”, concluyó Villanueva.

Por parte del gobierno, el secretario de Estado, Omar Marrero aseguró que antes de los desastres ocasionados por los huracanes Irma y María, ya había una crisis económica en la Isla y no había control completo de las finanzas. Añadió que Puerto Rico dependía de unos fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que no se pudo asumir el control del proceso de desembolso hasta abril de 2019.

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