Con base en una investigación que comenzó hace tres años, las autoridades federales en Estados Unidos desmantelaron un negocio fraudulento que ganó $200 millones abusando del programa de visados de trabajo H-2A para traer al país a trabajadores procedentes de México, Guatemala y Honduras.
Durante años, los trabajadores migrantes, que pagaron por obtener ayuda para entrar legalmente a Estados Unidos, acabaron obligados a realizar trabajos agrícolas a cambio de un salario precario o nulo, según las autoridades federales. Los migrantes recibieron amenazas de deportación y violencia de parte de supervisores armados mientras vivían en remolques sucios y atestados de gente, con poca comida y agua potable.
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Según los registros judiciales, a algunos de ellos se les había prometido una paga de hasta 12 dólares por hora a cambio de trabajar en granjas de la zona rural del sur de Georgia. Sin embargo, se les ordenó desenterrar cebollas sólo con las manos y se les pagó apenas 20 centavos de dólar por cada cubo lleno, mientras hombres armados los mantenían vigilados. Al menos dos de los migrantes murieron y otro fue violado repetidamente.
Los fiscales federales dijeron que el caso equivalía a esclavitud moderna y el jurado investigador acusó a 24 personas ante un tribunal federal de distrito de decenas de cargos penales, entre ellos trabajo forzado, fraude postal, manipulación de testigos y asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
Las comparecencias en el caso se han programado para el 21 de diciembre y el 6 de enero en el tribunal federal de Waycross, cerca del límite entre los estados de Georgia y Florida.
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Según la acusación, a los trabajadores se les obligó a pagar cuotas ilegales por el transporte, la comida y el alojamiento. Además, se les retuvieron sus documentos para viajar y otras identificaciones, lo que les impidió huir y buscar ayuda.
El fiscal federal David Estes, del Distrito Sur de Georgia, dijo en un comunicado que el caso había puesto en libertad a “más de 100 personas de los grilletes de la esclavitud moderna y hará rendir cuentas a quienes los encadenaron”.
En octubre, un jurado federal de investigación con sede en Waycross inculpó a dos decenas de imputados. La acusación se hizo pública después de que un juez revelara el documento a finales de noviembre.
Desde al menos 2015, dice la denuncia, los acusados utilizaron solicitudes de visado H-2A para traer a decenas de trabajadores migrantes a Estados Unidos como trabajadores agrícolas. Este programa federal exige que se le pague a los trabajadores un salario justo —a menudo entre 10 y 12 dólares la hora— y que se les reembolsen los gastos de viaje de ida y vuelta a Estados Unidos, así como la comida y el alojamiento.
En cambio, según los fiscales, los acusados se quedaban con la mayor parte del dinero que se les debía a los trabajadores. Blanquearon sus ganancias utilizando dinero en efectivo para comprar terrenos, casas y más de una decena de vehículos, así como para adquirir un restaurante y un club nocturno. Otros millones fueron lavados a través de casinos, según la acusación.
