El juicio de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central se extendió al menos un día más de lo esperado luego de que hoy las partes interesadas concluyeran sus argumentos de cierre pero no quedara tiempo para que la Junta de Control Fiscal (JCF), propulsora de la propuesta reestructuración de obligaciones, presentara sus respuestas a los planteamientos de los opositores.
Según la moción conjunta en que las partes se repartieron el tiempo, la JCF tendría unos 25 minutos para concluir la argumentación oral, etapa que se llevaría a cabo mañana desde las 9:30 a.m.
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Para los argumentos finales de hoy, la jueza Laura Taylor Swain reservó tres horas para que la JCF y los acreedores firmantes del Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA) se expresaran, junto a otras tres horas para las partes que se oponen a la confirmación del PAD.
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Asimismo, la jueza solicitó específicamente a la JCF que, en los 65 minutos separados para sus argumentos de cierre, se enfocara en tres elementos: los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la legalidad del PAD, el trato a los acreedores que reclaman compensación por las llamadas “expropiaciones inversas” y si el récord judicial sustentaría la confirmación del PAD en caso de que el tribunal concluyera que las reclamaciones por confiscaciones o expropiaciones no pueden ser rechazadas.
De acuerdo con el Instituto de Información Legal de la Universidad de Cornell, la expropiación inversa ocurre cuando el gobierno brinda un uso público a una propiedad que deriva en un impacto negativo al valor de propiedades privadas aledañas. Se considera que, en esos casos, los propietarios tienen derecho a una indemnización, incluso si su propiedad no ha sido directamente intervenida.
El abogado principal de la JCF, Martin Bienenstock, aseguró que el PAD sería viable incluso si la corte determinara que las reclamaciones por expropiaciones o bajo la cláusula de confiscaciones deben pagarse en su totalidad. De momento, explicó Bienenstock, el PAD contempla pagos ascendentes a $80 millones por las reclamaciones de esta naturaleza, pero la responsabilidad total ascendería a $400 millones si Swain concluye que el recorte viola la Constitución de Estados Unidos, que dispone una “compensación justa” cuando el gobierno toma propiedad privada para un fin público.
“Eso no significa que no usaríamos ese dinero (la diferencia de $320 millones) para otros asuntos importantes”, dijo Bienenstock, al mencionar específicamente el fondo de reserva de pensiones, al que el gobierno, bajo las condiciones del Octavo PAD Enmendado, deberá destinar al menos $175 millones anuales a lo largo de la próxima década.
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Al inicio de la vista, Swain señaló que, hasta el momento, “nada la ha convencido” de que las reclamaciones no son rechazables, si bien no ha llegado a una conclusión.
Mediante el PAD, se propone la reestructuración de cerca de $33,300 millones en deudas del gobierno central, el Sistema de Retiro de Empleados y la Autoridad de Edificios Públicos, así como otras entidades, entre ellas la Autoridad de Carreteras, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad del Distrito de Convenciones.
Como parte del ajuste, se propone intercambiar la deuda de $18,800 millones en bonos del gobierno central por nuevas acreencias totalizando $7,400 millones, al tiempo que se realizaría un pago adelantado en efectivo de sobre $8,800 millones y se emitirían unos instrumentos cuyo valor –ascendente a cerca de $8,700 millones– estaría condicionado a los niveles de ciertos recaudos por las próximas tres décadas.
Desde un inicio, la JCF ha defendido la viabilidad financiera del PAD para el gobierno de Puerto Rico, si bien llegó a reconocer que, al menos en parte, el cumplimiento dependerá de que los funcionarios electos adopten “reformas estructurales” que hasta la fecha no se han materializado. Asimismo, insiste paralelamente que la propuesta obra el “mejor interés” de los acreedores, uno de los elementos que analizan los tribunales de quiebra al adjudicar si un plan de ajuste debe ser confirmado y que, en esencia, significa que el resultado es mejor de lo que las partes afectadas por la quiebra habrían obtenido a través de otros remedios.
Gobierno apoya el PAD, pero objeta anulación de leyes
El gobierno de Puerto Rico, por voz de Peter Friedman, abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), recalcó que apoya la confirmación del PAD, pero alertó que objeta la forma en que la JCF pretende ocupar decenas de leyes territoriales.
En la audiencia de hoy, Friedman se refirió específicamente a las leyes 80, 81 y 82 de 2020, que la JCF anunció el miércoles pasado que añadiría al listado de estatutos que será necesario dejar en suspenso para garantizar la viabilidad del PAD.
Estas leyes buscan ofrecer mejores condiciones de retiro a empleados públicos activos, incluyendo policías, maestros y otros trabajadores que cotizan al plan del gobierno central. De acuerdo con la JCF, en la práctica, estas leyes crearían nuevos planes de beneficio definido en el gobierno, modelo que el organismo ha intentado eliminar a toda costa mediante la elaboración del PAD.
“Aafaf apoya el PAD, pero en los pasados 10 días hemos visto que los términos del PAD han cambiado con relación a la facultad del gobierno a ejercer sus poderes de política pública. La Junta está haciendo muchas de estas cosas al amparo de la sección 314 (de la Ley Promesa) que establece que el PAD debe ser consistente con el plan fiscal, pero eso está dirigido al tratamiento a los acreedores, no es una aplanadora para aplastar cualquier ley que a la Junta no le guste. Hay procedimientos para que la Junta invalide una ley”, dijo Friedman, al protestar que la JCF no ha detallado los elementos específicos de cada ley que busca ocupar.
Según Bienenstock, la ocupación de estos tres estatutos se hizo necesaria luego de que en pasados días la Legislatura diera paso una resolución conjunta para ordenar al gobierno implementar la Ley 80, que provee una ventana de retiro incentivado a empleados del gobierno central.
A lo largo de la vista de hoy, las partes mayormente repitieron los planteamientos que se han escuchado a lo largo de las seis audiencias previas, que comenzaron el 8 de noviembre. La JCF, por su parte, mostró una presentación en la que repasó el prolongado proceso de negociaciones con sobre medio centenar de clases de acreedores y los datos que, a su juicio, sustentan el argumento de que el PAD representa el mejor escenario posible para estos.
Algunas de las objeciones a la confirmación provienen de bonistas individuales, como Peter Hein, que sostienen, por un lado, que el gobierno –con $25,000 millones en sus cuentas de banco– posee suficiente liquidez para cumplir con las obligaciones contractuales sin necesidad de recortes y, por otro, que la JCF no ha logrado evidenciar la viabilidad del PAD por las próximas tres décadas. Hein también expone que los inversionistas individuales han recibido un tratamiento desigual al resto de los bonistas, mientas Arthur Somodovitz, otro bonista al detal, recalcó hoy sus objeciones al proceso de votación que se llevó a cabo entre las clases reconocidas de acreedores.
Entre los planteamientos nuevos levantados en la vista de hoy, figuró el argumento de la Asociación de Maestros de que los docentes, contrario a lo que ha indicado la JCF, sí cuentan con una “promesa de empleo” a futuro, al menos una vez adquieren el estatus de permanencia en el Departamento de Educación. Según el abogado José Luis Barrios, al pretender congelar el plan de beneficios definidos de los maestros, se les estaría privando de un derecho adquirido que no puede analizarse igual a los derechos contractuales, que pueden ser menoscabados por las leyes de quiebra.
“El PAD no es perfecto, pero es suficientemente bueno, es legal y debe ser aprobado”, dijo, por su parte, Dustin Dunne, abogado de Ambac Assurance Corporation, una de varias compañías aseguradoras que suscribieron el PSA.
“El PAD no tiene que ser perfecto, pero tiene que ser legal y constitucional”, replicó más tarde Enrique Capdevila, representante legal de Finca Matilde, una de las partes que busca una compensación completa tras la expropiación de bienes de parte del Estado y que sostienen que, tal como está presentado al momento, el PAD violaría la Constitución estadounidense.
El Departamento de Justicia federal ha solicitado hasta el 31 de enero de 2022 para presentar su postura ante los retos constitucionales que se han levantado en el caso, pero Swain aún no ha anunciado si accederá conceder dicho término. La JCF y las partes a favor del PAD se han manifestado en contra de la petición del gobierno estadounidense, que retrasaría la posible confirmación de la reestructuración.
