La Junta de Supervisión Fiscal solicitó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que dictamine que la Ley Promesa prevalece sobre la Ley 80, la Ley 81 y la Ley 82 y que son inconsistentes con el Plan de Ajuste para el Gobierno.
La Ley 81-2020, conocida como la Ley de Retiro Digno de la Policía, ha estado en el ojo público en pasadas semanas tras el paro del que participó cerca de la mitad de los oficiales de la Uniformada en el fin de semana de Halloween, en reclamo de que el estatuto sea puesto en vigor.
PUBLICIDAD
Además de los oficiales de la Policía estatal, el texto de la Ley 81, firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez, también cobija a empleados del Negociado de Bomberos, oficiales correccionales y paramédicos. En síntesis, la ley permitiría que estos empleados se retiraran con una pensión que oscilaría entre el 45% y 55% de su último salario, en función de la edad, los años de servicio y el momento en que comenzaron a trabajar para el gobierno.
De otro lado, la Ley 80, de haberse implementado, habría creado una ventana de retiro incentivado para servidores públicos que hubieran entrado al gobierno en o antes de 1999 y hubieran acumulado al menos 15 años de servicio al 30 de junio de 2017. Bajo la ventana de retiro, que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2022, estos empleados habrían tenido derecho a una pensión garantizada equivalente al 50% de su salario más alto en los últimos tres años de servicio, así como a una aportación de $100 mensuales para plan médico que expiraría cuando el participante cumpliera 62 años.
La Ley 82, en tanto, busca permitir que los participantes del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) destinen el balance o exceso de las licencias de vacaciones o enfermedad a sus cuentas de retiro para que se cotice como tiempo trabajado.
PUBLICIDAD
“La implementación de las tres leyes añadiría nuevos beneficios a los participantes del Sistema de Retiro de los Empleados y del Sistema de Retiro para Maestros fondos que estaban en estado de insolvencia durante la adopción de PROMESA porque las administraciones anteriores habían dejado de financiar adecuadamente las promesas del Gobierno a los retirados. Las leyes en cuestión ofrecen nuevos beneficios que añadirían aún más costos a los pagos de pensiones actuales del Gobierno”, sostuvieron en declaraciones escritas..
“El año pasado, la entonces Gobernadora (Wanda Vázquez Garced) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) acordaron no implementar las tres leyes hasta que el Gobierno y la Junta de Supervisión acordaran una solución del punto de vista de viabilidad financiera, si posible. Aunque la Junta de Supervisión ha tenido intercambios extensos con el Gobierno con relación a la Ley 80, los propios datos del Gobierno muestran que la Ley aumentará sustancialmente los costos sin que haya ninguna solución sobre cómo pagarlos. En junio de 2021, la Junta de Supervisión se ofreció a continuar explorando opciones para la posible implementación parcial de la Ley 80. El Gobierno nunca respondió”, añadieron.
