Acusado por fallida venta de pruebas de COVID-19 demanda a Servicios con Antelación al Juicio

Aaron Vick, uno de los acusados por el caso de la fracasada venta de pruebas de COVID-19 demandó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) por supuesto discrimen.

En el recurso legal, el empresario, quien fue acusado junto al ex director de la Autoridad de Transporte Marítimo Juan Maldonado, alega que el PSAJ le negó diferir la fianza señalada –a diferencia de Maldonado– por ser residente de Virginia.

Vick solicita al tribunal que emita una sentencia declaratoria que decrete que las acciones y omisiones de la OSAJ le han privado de su derecho fundamental a la libertad previa al juicio antes de la condena debido a su residencia en Virginia y en violación de la Cláusula de Privilegios e Inmunidades.

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También reclama que se otorguen medidas cautelares que prohíban a OSAJ y a su directora Janette Rodríguez negarse a recomendar una fianza diferida para Vick basada directa o indirectamente en el hecho de que no es residente de Puerto Rico.

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A principios de mes, la jueza del Tribunal de San Juan Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra Maldonado y Vick por su participación en la compra fallida de pruebas de COVID-19 a principios de la pandemia. Ambos fueron acusados por intento de fraude e intervención ilegal en procesos gubernamentales, entre otros documentos.

Al empresario se le radicaron en ausencia los mismos delitos que a Maldonado De Jesús, menos el Artículo 211 de falsificación de documento privado. La jueza ordenó su arresto y, en su caso, la fianza de $50,000 por cada uno de los delitos asciende a un total de $200,000.

Las acusaciones se produjeron a raíz de cinco cargos presentados por la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).