Sectores estudiantiles y docentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresaron su preocupación ante las implicaciones que una serie de mociones aprobadas anoche por la Junta de Gobierno pudieran tener sobre los procesos de mediación que se llevan a cabo en los recintos que mantienen sus portones cerrados debido a las huelgas decretadas por los alumnos.
“Entendemos que los comités de mediación han sido tremendo espacio. Además de ser un espacio productivo, han sido un espacio inclusivo, donde están los movimientos estudiantiles que la Junta de Gobierno quiere remover. Los comités de diálogo tienen que continuar. Allí se han logrado muchísimas cosas en parte por la presencia los movimientos estudiantiles, la presencia de les estudiantes y por el apoyo del sector no docente y docente a las personas que están en los portones”, subrayó Fabiana Marini, presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, uno de los cinco que actualmente permanecen en huelga estudiantil.
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Para Marini, las acciones de la Junta de Gobierno son evidencia de la necesidad de dar paso a una reforma universitaria que transforme las estructuras con poder decisional de la institución.
En una reunión extraordinaria, los miembros de la Junta de Gobierno en representación de la rama ejecutiva aprobaron una moción que restringe “las gestiones dirigidas a la apertura de las unidades y/o recintos” realizadas por rectores a entablar acuerdos con los consejos generales de estudiantes, excluyendo así a otras organizaciones que han participado de los procesos.
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En la moción se indica que los consejos generales son “el único cuerpo estudiantil representativo reconocido” en la ley orgánica de la UPR.
Hasta la fecha, los comités de diálogo establecidos han incluido participación directa de otras agrupaciones, como el Movimiento Estudiantil, que ahora parecerían quedar fuera por la directriz de la Junta de Gobierno.
Durante la reunión extraordinaria, que se llevó a cabo de forma virtual, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, rechazó que los comités de diálogo que ha promovido sean de carácter “ilegal” y resaltó los resultados que positivos de dichas gestiones.
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Según Olavarría Cruz, en los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Cayey ya se han alcanzado unos acuerdos preliminares, a la espera de que los rectores los evalúen y determinen si son viables para ratificación.
“La delegación como presidenta de esta universidad y noble institución me da el poder para hacer comités de diálogo, diferentes comités que adelanten los propósitos de la universidad y la lleven a donde debe estar. El hecho de que se haya dicho que el comité que constituí de diálogo es ilegal es totalmente incorrecto. Acabo de hablar con mi asesora legal, (que) me pidió que aclarara el récord. Eso no es ilegal. El diálogo siempre debe ser inclusivo. El hecho de que incluyan otras personas de la comunidad no implica que se está invalidando a los consejos generales. […] Pienso que, si se declaran ilegales, mis comités se van a ver seriamente afectados y estoy muy preocupada por el futuro de estas conversaciones”, afirmó la presidenta interina anoche en una intervención durante la reunión extraordinaria.
A pesar de que el lenguaje expreso de la moción que se aprobó utiliza el término “diálogo”, la presidenta de la Junta de Gobierno, Mayda Velasco, insistió que el texto solo alude a las sesiones de “negociación y mediación” con las administraciones de los recintos.
“Diálogo es una cosa y negociación es otra”, dijo Velasco, quien no aclaró por qué la moción utiliza específicamente el término de “diálogo”.
La reunión extraordinaria se celebró a pocas horas de que la presidenta interina y los 11 rectores emitieran una declaración en respaldo a los comités de diálogo y en reclamo de que la UPR fuera reconocida como un servicio esencial y se le proveyera el financiamiento adecuado.
Ordenan activar Juntas Disciplinarias
Las otras tres mociones que pasaron en la reunión extraordinaria de anoche igualmente levantaron controversia. Una de ellas ordenó a todas las unidades y recintos “que se cumpla cabalmente y de manera expedita con los procesos de las Juntas Disciplinarias para aquellos estudiantes que estén incurriendo en violación al Reglamento General y al Reglamento General de Estudiantes y pongan en riesgo la operación de la institución y seguridad de la comunidad”.
En tanto, otra de las mociones ordenó a los rectores cumplir con la Ley 90 de 2017, que detiene los pagos de nómina cuando las operaciones de un recinto se encuentran paralizadas. Aunque la moción dispone que profesores y no docentes que continúen trabajando a distancia recibirán sus sueldos, de la discusión en la Junta de Gobierno no quedó claro qué ocurriría con aquellos empleados cuyas funciones no se puedan realizar de maneras alternas.
La cuarta moción autorizó que en los recintos en huelga se ofrezcan todas las clases de manera no presencial, si bien los representantes docentes y estudiantiles de la Junta de Gobierno señalaron que hace unas semanas ya se había dado paso a una directriz similar.
“A mí me parece una incongruencia de la gerencia universitaria. Tenemos por un lado a la Junta de Gobierno estableciendo medidas de represión contra los estudiantes y, por otro lado, a la presidenta interina de la UPR hablando de comités de diálogo. El diálogo no se puede dar cuando tienes una pistola en la cabeza a la gente. Se tiene que dar de la manera más amplia y acelerada posible. Pero el sentido de urgencia no puede estar mediatizado por la idiotez de amenazar al contrario. No hay diálogo o negociación posible bajo esas condiciones”, señaló, por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez Rivera.
“Sabemos que hubo una reunión en Fortaleza con los miembros de la Junta de Gobierno nombrados por el gobernador (Pedro Pierluisi) y es lamentable que estas instrucciones (se impartan) después que el gobernador dice que no interviene y respeta la autonomía universitaria. Lo menos que han hecho es respetar la autonomía universitaria después que la semana pasada se diera esa reunión. Definitivamente hay instrucciones de Fortaleza de que se implementaran estas acciones. Nos parece tan imprudente de parte de los miembros de la Junta cuando hace dos semanas dijeron que iban a permitir de que la presidencia, la doctora Mayra Olavarría, continuara con los trabajos de diálogo y mediación y de la nada vienen con estas mociones”, puntualizó Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil ante la Junta de Gobierno.
En entrevistas por separado, Rivera Velázquez y Marini coincidieron que, a través de las mociones, la Junta de Gobierno incurre en un “micromanejo” de las determinaciones que deberían corresponder a la presidencia y las rectorías.
“Las personas que viven la Universidad, que conocen la cultura política y la idiosincrasia de la Universidad, están conscientes que esa no es la mejor manera. Tenemos una Junta de Gobierno que nuevamente se convierte en la presidencia de facto. En este punto, la presidencia termina siendo una figura decorativa. Porque ni siquiera para el día a día, que como principal ejecutiva y administrativa le correspondería a Mayra Olavarría. Ella crea un plan y ellos establecen un plan particular distinto, completamente opuesto a lo que hace la presidenta”, acentuó Rodríguez Rivera.
