Mientras escuchaba los relatos de al menos siete ciudadanos que comparecieron hoy a su sala para oponerse a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), la jueza federal Laura Taylor Swain advirtió que no podía prometer que, a futuro, las condiciones serían “más fácil” en la isla.
Swain, quien preside los casos de Título III de la Ley Promesa al que se han acogido tanto el gobierno central como varias corporaciones públicas, realizó las expresiones luego de escuchar el testimonio de Heriberto Quiles Pumarejo, un jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que llegó desde Ponce al Tribunal Federal de Hato Rey, donde confesó que, ante el gris panorama que enfrentan las pensiones públicas, sus condiciones emocionales lo han llevado a tener pensamientos suicidas y a ser hospitalizado.
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“Gracias por venir aquí hoy y compartir su vida y ser tan abierto acerca de su dolor y la condición con la que batalla, así como hablar sobre Puerto Rico y sus preocupaciones sobre su hogar y el futuro de Puerto Rico. Todo lo que estoy escuchando lo tendré en consideración según tomo las decisiones legales que debo hacer. Especialmente quiero exhortarlo a aguantar y tener esperanza en una situación que no es fácil, que no puedo prometer se tornará más fácil, pero usted es valioso, su vida es valiosa. Use los talentos que tiene para mejorar su vida y las vidas en su comunidad”, sostuvo Swain tras el turno de Quiles Pumarejo.
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Quiles Pumarejo fue la sexta persona en expresarse en el segundo día de las vistas de confirmación, que fue reservado para que 25 ciudadanos de Puerto Rico presentaran sus posturas en torno al PAD, aunque la mayoría de los que habían sido seleccionados a través del sorteo aleatorio llegaron hasta la sala de la jueza.
“Si usted tiene estos sentimientos de hacerse daño, por favor, continúe trabajando con su psiquiatra, vaya al hospital cuando lo necesite, y asegúrese que no está luchando solo. Le agradezco por escucharme y hacer la travesía desde Ponce”, añadió Swain.
En su turno de 10 minutos, Quiles Pumarejo narró que laboró por 26 años y medio en la AEE, de donde se retiró a consecuencia de sus condiciones emocionales “con una pensión reducida” debido a que no había alcanzado los 30 años de servicio.
“En mi carácter como jubilado […] existe el retiro de la AEE que, en este momento, está en un precario estado financiero. La deuda está sobre los $700 millones y, según los administradores del retiro, le queda más o menos como un año de vida” a ese plan, planteó Quiles Pumarejo, quien en su turno se opuso a la confirmación del PAD, que reestructura las deudas del gobierno central, la Administración de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), y criticó la corrupción gubernamental, la contratación de Luma Energy para administrar la red eléctrica y los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
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“El pueblo no va a poder pagar la deuda. Definitivamente, si todo sube como va a subir, porque de algún sitio va a salir el dinero, los servicios esenciales, las comidas, carreteras, hospitales, todo va a subir. Esto será un paraíso para las personas ricas”, indicó el jubilado.
Aunque la deuda del gobierno, la AEP y la ASR se reduciría de un principal de $33,000 millones a $7,400 millones, mediante la emisión de nuevos bonos, la renegociación, que es apoyada por la inmensa mayoría de los grupos de acreedores, también incluye un pronto pago de sobre $7,000 millones e instrumentos de valor contingente que podrían significar desembolsos de $8,700 millones a lo largo de las próximas tres décadas.
Los obligaciones anuales, que promediarían sobre $3,000 millones en ese periodo, al considerarse el pago de las pensiones, han sido catalogados de excesivas por algunos economistas, que incluso han anticipado una segunda quiebra en algún momento de la década entrante, según se reduce el influjo de fondos federales que deben ingresar durante los próximos años.
Al igual que Quiles Pumarejo, las otras seis personas que se expresaron ante el tribunal creado por la Ley Promesa antes de que el proceso recesara hasta mañana, urgieron a Swain a rechazar el PAD propuesto. En su mayoría los ponentes se hicieron eco de la necesidad de auditar la legalidad de la deuda pública y el efecto detrimental que tendría su implementación sobre la mayoría de los grupos demográficos del país.
“Los tenedores de bonos afectados deberían saber que tienen la responsabilidad por haber apostado. En las apuestas la gente pierde, y ellos estaban haciendo el equivalente de jugar el mercado. Cuando las acciones bajan, y pierdes dinero en ellas, la compañía que emitió las acciones no te devuelve el dinero”, señaló Manuel Martínez Maldonado, quien además defendió el financiamiento público de la UPR, de donde egresó antes de estudiar medicina en Estados Unidos, y advirtió que la emisión de bonos públicos a futuro no debe contemplarse para propósitos como la construcción de infraestructura, sino promoverse la utilización de edificaciones existentes.
El último turno del día lo consumió Rafael Texidor Torres, quien narró que en 2017 servía como asesor legal en el Recinto de Río Piedras de la UPR cuando los estudiantes decretaron una huelga que se extendió por varios meses, en momentos en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno comenzaban la implementación de los brutales recortes a la institución.
“Los estudiantes advirtieron a la facultad, los empleados y la administración que los recortes eran los primeros de muchos y que nada en Puerto Rico se libraría”, esbozó Texidor Torres, quien posteriormente añadió que, a pesar de los desastres sucesivos que han sacudido a Puerto Rico, la JCF ha insistido en sus políticas de austeridad y en la viabilidad de cumplir con altas sumas del repago de deuda.
“Espero que declare la deuda impagable, nos conceda una condonación, sea solidaria con nosotros y nos permita reconstruir nuestro país”, le pidió a Swain el abogado de profesión.
Luego de dos recesos de media hora, poco antes de las 2:00 p.m. Swain anunció que ninguna de las 18 personas adicionales seleccionadas había comparecido al tribunal, por lo que cerró los trabajos hasta mañana, cuando arrancarán los interrogatorios y contrainterrogatorios de las partes a favor y en contra de la confirmación.
En el Tribunal Federal estaba presente Eva Prados, directora de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, quien se hizo disponible para expresarse en sala, pero se le indicó que su declaración no se autorizaría por no figurar en la lista de ponentes seleccionados previamente.
Hoy, en horas de la mañana, las cuatro ponentes en representación de la ciudadanía igualmente plantearon su oposición a la confirmación del PAD.
Entre ellas, estuvo la directora escolar Jessica Ortega Irizarry, quien se hizo eco del argumento inicial que presentó la Asociación de Maestros el lunes, en relación a las precarias condiciones de jubilación que el PAD contempla a través de la congelación del plan de beneficio definido.
“Tengo 45 años de edad y actualmente me faltan 10 para poder retirarme. En los tiempos que estamos viviendo, donde los problemas que tenemos en nuestras escuelas son el doble de años anteriores, esto nos lleva a agotarnos emocionalmente, al punto que nuestra fatiga mental en ocasiones no permite el alto rendimiento. Se nos va la vida y el sistema nos aplasta. Sacrificar ocho años más de trabajo sería sepultar la educación de nuestro país”, dijo Ortega Irizarry, en alusión a las disposiciones que fijarían en 63 años la edad de retiro y la reducción en los beneficios de pensión.
