Estados Unidos asegura Nicaragua se convirtió en una dictadura

Estados Unidos aseguró el martes que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura.

Nicaragua “ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático”, expresó Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. ”Es una dictadura. Simplemente es una dictadura… que carece de cualquier mandato democrático”, dijo el funcionario.

La nación centroamericana realizó elecciones presidenciales el domingo en las que se reeligió por tercera vez consecutiva Daniel Ortega. Los comicios fueron ampliamente criticados por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.

Recomendados

[Chequeo de datos]: Junta Reguladora de Desvío tiene cuatro vacantes, contrario a afirmación de Pierluisi

Bryan Villarini: paternidad, tartamudez y su rol como cara de la comunidad LGBTQ+ en TV

Perder un brazo o perder la vida: La encrucijada que enfrentó buzo atacado por caimán

Los comentarios de Zúñiga representan la aseveración más fuerte que haya hecho hasta este momento el gobierno del presidente Joe Biden para referirse a la administración de Ortega tras los comicios del fin de semana.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua adjudicó el lunes a Ortega el 75,92% de los votos en un escrutinio preliminar. Al menos 40 países rechazaron esos resultados.

En conferencia de prensa telefónica, Zúñiga dijo que “nadie se deja engañar por la farsa electoral” e instó a la comunidad internacional a condenar con acciones los resultados de los comicios y exigir la liberación de los presos políticos.

El funcionario estadounidense asemejó la situación actual de Nicaragua con la que pasó el país durante la dictadura de la familia Somoza, que se extendió durante 43 años, a partir de 1936.

“Resulta paradójico que Ortega y Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica dirigida por una familia, al igual que lo hizo la dictadura de Somoza, que fue derrocado por los sandinistas hace 40 años”, dijo Zúñiga.

El general Anastasio Somoza Debayle fue el último de una dinastía familiar que gobernó Nicaragua como una dictadura militar durante casi medio siglo, y fue derrocado en 1979 por las guerrillas del Frente Sandinista, de las que Ortega formó parte. A los gobiernos de los Somoza se le imputan graves crímenes contra sus opositores.

Murillo, además de ser primera dama, se reeligió como vicepresidenta. Recientemente el mandatario la nombró su “copresidenta”, un cargo que no existe en la Constitución.

Te recomendamos:

1. Libre con grillete pastor acusado de agredir y violar a su esposa
2. Madre de jóvenes en México truena contra Gobierno de Puerto Rico por no hacer “nada”
3. Aguas residuales impactan el río La Plata y áreas de Dorado por construcción de la AAA

En Managua, mientras tanto, el minoritario Partido Camino Cristiano (PCC, evangélico) pidió el martes a Ortega “repetir” las elecciones tras haber detectado “irregularidades” en el proceso.

El excandidato a presidente del PCC, reverendo Guillermo Osorno, dijo al canal 10 de televisión que la mayoría de sus fiscales no pudo ingresar a los centros de votación por “intimidación” de elementos sandinistas cerca de los recintos electorales. Según Osorno, en el proceso hubo boletas de votación previamente marcadas y supo que activistas del gobierno supuestamente ofrecieron dinero a la población “para votar por Ortega”.

El PCC, que obtuvo solo el 3.44 % de votos según el escrutinio oficial preliminar, es el primer partido que pide anular los comicios.

Por su parte, familiares de opositores encarcelados expresaron su “indignación y preocupación” por las palabras de Ortega porque llamó “hijos de perra” a los presos y dijeron que temen por su vida y su seguridad. En un comunicado, los familiares recordaron la muerte en 2019 del “preso político” Eddy Montes, abatido por un guardia de la cárcel Modelo “que se sintió autorizado a disparar a matar por las expresiones injuriosas de sus jefes inmediatos”.

“Nos preocupa que estos nuevos insultos sean interpretados de manera implícita como una ‘orden de ejecución’ para que funcionarios policiales y penitenciarios se sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política”, advirtió un comunicado que cifra en más de 160 las personas aún detenidas desde la rebelión social de 2018.

Entre los opositores encarcelados figuran unos 40 líderes políticos, periodistas, exguerrilleros y exdiplomáticos, así como siete precandidatos que planeaban competir contra Ortega en los comicios y fueron enviados a prisión en junio pasado.