En sus declaraciones iniciales durante el juicio de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, múltiples objetores de la reestructuración propuesta alegaron que los recortes en las acreencias no se justifican a la luz del panorama fiscal, mientras otros insistieron que representan violaciones a la cláusula de confiscación de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe la expropiación de propiedad privada para un uso público sin que medie justa compensación.
Paralelamente, la representación legal de la Asociación de Maestros (AMPR) cuestionó los ahorros que, presuntamente, derivaría el gobierno de la congelación del plan de pensiones de beneficio definido, y que la Junta de Control Fiscal (JCF) estima en $5,800 millones a lo largo de las próximas tres décadas.
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La oposición al PAD estuvo encabezada por el bonista individual Peter C. Hein, quien detalló que posee unos $700,000 en deuda emitida entre 2009 y 2012 por el gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), y recibió el primer turno para expresarse en contra de la propuesta que, en términos globales, busca reestructurar unos $33,000 millones en acreencias. Esa cifra incluye los bonos y otras deudas incurridas tanto por el gobierno central, como la AEP y la Administración de los Sistemas de Retiro.
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“El PAD, fundamentalmente, revierte la prioridad bajo la Constitución de Puerto Rico, lo cual es prohibido por (la sección) 314(b)(3) y (b)(6) de (la Ley) Promesa. Es incluso más problemático que, debido a la presión política, la Junta de Supervisión repetidamente se ha negado a realizar ajustes a empleados públicos, que en un inicio había catalogado de esencial”, manifestó Hein, un abogado de Nueva York que se ha representado por derecho propio a lo largo del proceso de Título III del gobierno de Puerto Rico.
Hein, asimismo, cuestionó que el gobierno central sea tratado como una entidad insolvente cuando, en diversas cuentas, tiene un efectivo disponible ascendente a $25,000 millones. Según Hein, el incumplimiento del gobierno central en sus obligaciones de deuda actualmente asciende a $7,400 millones, cifra que, a base de los ahorros que ha acumulado, podría haber pagado manteniendo un balance de $17,000 millones en sus cuentas.
“Además no pagar un centavo de sus obligaciones de bonos del gobierno central y la AEP, Puerto Rico ha estado cumulando superávits a pesar de que ha estado pagando más de $2,000 millones (anuales) de pensiones”, argumentó Hein, quien además criticó que el PAD provea bonificaciones a ciertos empleados públicos –incluyendo el Bono de Navidad–, cuando provee para recortes a la deuda constitucional.
“No hay justificación para recortar (las acreencias de) los tenedores de bonos de obligación general y la AEP que tienen prioridad”, dijo el bonista durante su turno de media hora.
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Defienden las pensiones de los maestros
Desde una perspectiva contraria, el abogado de la AMPR, José Luis Barrios, solicitó a la jueza Laura Taylor Swain el rechazo del PAD, al plantear que la congelación del plan de beneficio definido al que cotizan los maestros resultaría en pensiones que los colocarían al borde de los estándares de pobreza.
“Un maestro con 24 años de servicio, con 46 o 47 años de edad, con la implementación de la llamada congelación tendría que trabajar al menos 18 años adicionales caer en inseguridad financiera y, probablemente, alimentariamente inseguro. Eso no es una compensación (adecuada) para una carrera en el servicio público”, subrayó Barrios en su alocución.
Según el letrado, el ahorro real que obtendría el gobierno de la congelación del Sistema de Retiro de Maestros rondaría los $2,600 millones, pero a eso habría que restarle el gasto que representaría la asistencia social que necesitarían los educadores retirados para sobrevivir sin una pensión adecuada. De acuerdo con Barrios, el estimado de la JCF supone que al momento hay 36,000 maestros activos, cuando la cifra verdadera ronda los 24,000.
De otra parte, Barrios puntualizó que la JCF no objetó la Ley 106 que reformó las pensiones públicas en 2017, a pesar de que ya el gobierno se había acogido al Título III de la Ley Promesa y el estatuto reafirmaba el derecho de los maestros a una pensión definida.
“Los maestros son trabajadores esenciales proveyendo un servicio esencial a Puerto Rico. La educación es un derecho garantizado constitucionalmente”, expresó Barrios.
Aunque en 2014 el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que las pensiones definidas de los maestros eran un derecho adquirido, los abogados de la JCF argumentaron en horas de la mañana que la jurisdicción federal, en un caso de bancarrota, sobrepasa la aplicación de la cláusula contractual del Derecho territorial o estatal.
Aluden a la cláusula de confiscación
Además de los bonistas o pensionados, otros acreedores del gobierno que forman parte del caso de Título III incluyen a suplidores y entidades e individuos con reclamaciones judiciales pendientes de cobro.
Varios de ellos, que tuvieron la oportunidad de expresarse durante las declaraciones iniciales, ampararon su oposición al PAD en la cláusula de confiscación contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución federal.
“El PAD no puede ser incompatible con algo tan fundamental como la Quinta Enmienda. El PAD ante este tribunal no puede hacer algo que ni siquiera el Congreso puede hacer”, indicó Eduardo Capdevila, abogado de la Finca Matilde, expropiada por el gobierno.
La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense establece, en su parte final, que “no se podrá tomar propiedad privada para uso público sin justa compensación”.
Además del abogado de Finca Matilde, también aludieron a dicha disposición los representantes legales de Suiza Dairy, cooperativas de ahorro y crédito y la aseguradora Mapfre.
“Al momento de solicitar bancarrota, los fondos que están reteniendo la AEP y el gobierno central son propiedad de Mapfre y la Junta de Supervisión no tiene derecho a distribuir esos fondos a los acreedores de la AEP o el gobierno. Cuando se solicitó la bancarrota, los fondos no eran propiedad de la AEP o el gobierno, sino de Mapfre”, recalcó José Sánchez, abogado de la compañía que, según mencionó, prestó fianzas a contratistas que realizarían labores de construcción para entidades públicas.
Las declaraciones de los objetores se ofrecieron luego de que en la mañana la JCF, junto a grupos de acreedores que apoyan el PAD, presentaran sus argumentaciones iniciales a favor de la confirmación del documento.
A lo largo de la jornada, cientos de manifestantes se apostaron en la avenida Chardón, frente a la sede del Tribunal Federal en Hato Rey.
Mañana, a partir de las 9:00 a.m., tocará declarar sobre el PAD a unos 25 ciudadanos seleccionados mediante una lotería. Según Swain, cada persona tendrá la oportunidad de hablar por unos 10 minutos, incluyendo el tiempo que tomen las traducciones de aquellos que opten por hablar en español.
