Luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) le enviara una carta solicitándole que certificara que la Ley 53-2021 –que autoriza la emisión de bonos reestructurados del gobierno central– es consistente con el plan fiscal vigente, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que dicha validación debe darse en el marco de concesiones que hiciera el organismo en relación a las pensiones, las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las aportaciones a los municipios, según constan en otra misiva del pasado 14 de octubre.
De esa forma, el primer ejecutivo descartó que las protecciones que la Ley 53 incluyó para esos sectores peligraran por el hecho de que el plan fiscal certificado para el gobierno central todavía contemple recortes futuros a los pensionados, la UPR y los ayuntamientos, toda vez que la JCF no ha enmendado el documento.
“La certificación realmente lo que va a decir es que cumple con los acuerdos en términos generales, que la ley que viabilizó la emisión de los bonos reestructurados cumple con los acuerdos que entabló la Junta con el liderato gubernamental. En cuanto al plan fiscal, la propia Junta, uno de los acuerdos fue enmendar ciertas áreas. Decir que cumple con el acuerdo es más que suficiente”, sostuvo el gobernador.
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Las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) ante el tribunal que preside la jueza federal Laura Taylor Swain continúan calendarizadas para su inicio el 8 de noviembre, luego de que la JCF concluyera la semana pasada que la Ley 53 no obstaculizaba la propuesta.
Sin embargo, el ente todavía no ha sometido un PAD enmendado en el que se eliminen los recortes a las pensiones de empleados del gobierno central. La versión actual del PAD contempla recortes de hasta 8.5% a las pensiones con un beneficio mensual mayor de $1,500.
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La Ley 53 condicionó la emisión de $7,400 millones en bonos nuevos a que se eliminaran dichos recortes y, en la versión final, borró un lenguaje impulsado por la JCF para que se congelaran los beneficios futuros en el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura. En la carta que envió el sábado a Pierluisi, el presidente de la JCF, David Skeel, indicó que el organismo coincidía con la premisa de que la congelación de los sistemas de beneficio definido es un asunto “separado” de la Ley 53.
“Pienso que esa enmienda es inminente, que en cualquier momento se someterá al tribunal porque ya la Junta indicó que la legislación cumple el cometido y ahora se está acercando la fecha de la vista de confirmación. Definitivamente antes que se dé esa vista de confirmación pensaría que va a estar sometido el Plan de Ajuste enmendado. La vista comienza el 8 de noviembre, así que antes de esa fecha estoy seguro que estará ya sometido”, dijo Pierluisi.