En una sesión de poco volumen de medidas atendidas, el Senado aprobó, con enmiendas en sala, un proyecto que modifica el Código de Seguros para que los profesionales de la práctica privada que brinden servicios en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe queden cobijados por los límites de responsabilidad que impone la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado.
De acuerdo con la exposición de motivos de la pieza, de la autoría del senador novoprogresista William Villafañe y su homólogo popular Rubén Soto, el 70% de los facultativos en la institución médica provienen de la práctica privada. El restante 30% son facultativos adscritos al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, por lo que ya cuentan con la protección de la Ley de Reclamaciones y Demandas.
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El Proyecto del Senado (PS) 445 detalla que los empleados y profesionales de la salud del Centro Cardiovascular estarán cobijados por el estatuto “cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice) cometida por empleados o los profesionales de la salud que allí provean servicios de salud”.
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Un total de 19 senadores votaron a favor del proyecto, frente a cuatro votos en contra y un abstenido.
La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado establece en $75,000 el tope de reclamaciones contra funcionarios del gobierno por acciones u omisiones incurridas en sus capacidades oficiales, cifra que puede aumentar a $150,000 cuando hay más de un perjudicado o la persona demandante presenta más de una causa de acción.
En la sesión de esta tarde, el Senado dio paso a otros tres proyectos de ley. El PS 491, del presidente José Luis Dalmau y aprobado unánimemente, eximiría del ingreso bruto de los contribuyentes las deudas condonadas por el gobierno federal relacionadas con gastos médicos.
El Senado también aprobó, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara (PC) 487, que crea la Secretaría Auxiliar para el Desarrollo de la Población Infantil y Juvenil con Diversidad Funcional dentro del Departamento de Recreación y Deportes, así como el PC 670, que tiene el propósito de “estipular que el Consejo de Titulares pueda incluir los elementos privativos de los apartamentos en el seguro para las áreas comunales” de los condominios.
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El cuerpo legislativo también aprobó una resolución para investigar mecanismos para que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda repagar sus obligaciones sin incurrir en aumentos tarifarios para los consumidores, así como otra resolución para indagar en la utilización de los fondos de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR) y los CDBG-MIT, enfocados en la mitigación de riesgos.
Bajo el programa CDBG, a Puerto Rico se le asignaron cerca de $20,000 millones para la recuperación de los huracanes Irma y María.