Locales

Delinean estrategias para atender crisis en manejo de desperdicios sólidos e incumplimiento de vertederos

Casi dos terceras partes de los vertederos en operaciones incumplen con los estándares ambientales del gobierno federal

Pedro Pierluisi y Rafael Machargo Dennis A. Jones

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El gobernador Pedro Pierluisi anunció la asignación de $71 millones en fondos federales para atender la crisis de desperdicios sólidos en el país, como parte de una estrategia que se dividiría en dos fases principales.

La primera fase, para la cual se destinarán $31 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), se enfocaría en el cierre de los siete vertederos que cuentan con una orden a esos fines emitida por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), así como en llevar a cumplimiento ambiental otros sistemas de relleno que tienen potencial de expansión lateral.

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Mientras, para la segunda fase se vislumbra el desarrollo de una serie de estrategias a largo plazo para fomentar los mercados de reciclaje y reutilización de residuos sólidos. Para esta etapa, Pierluisi anunció que se han separado $40 millones de una subvención de la EPA, al tiempo que a futuro también se podrían utilizar fondos provenientes del programa de mitigación de riesgos de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG), del Departamento de Agricultura estadounidense y dinero estatal reservado para mejoras de capital.

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En la conferencia se detalló que, de los 29 vertederos activos, únicamente 10 cumplen con las disposiciones ambientales: Carolina, Fajardo, Hormigueros, Juncos, Ponce, Salinas, Humacao, Yauco, Peñuelas Valley Landfill y Ecosystems, también en Peñuelas.

Otros ocho, a su vez, formarían parte de los proyectos de expansión lateral, con el objetivo de llevarlos a cumplimiento con los estándares: Barranquitas, Cabo Rojo, Lajas, Moca, Mayagüez, Vieques, Culebra y Toa Baja. Los sistemas de relleno sanitario de Añasco, Vega Baja, Juana Díaz y Jayuya, en tanto, se encuentran bajo evaluación para posible expansión lateral.

Finalmente, los siete vertederos que por orden de la EPA deben cerrar dentro de los próximos cuatro años, y cuyos municipios recibirían fondos para el cumplimiento, están uubicados en Arecibo, Arroyo, Cayey, Guayama, Florida, Isabela y Toa Alta.

Pierluisi, quien estuvo acompañado por Rafael Machargo, secretario del Departamento de Recursos Natuales y Ambientales (DRNA), recordó que la Ley del Plan de Ajuste de Deuda, que firmó anoche, igualmente busca garantizar fondos recurrentes para que los municipios reciban fondos para cumplir con sus obligaciones en el manejo de desperdicios sólidos y la operación de programas de reciclaje, a través de un llamado Fondo Extraordinario, que funcionaría de forma similar al Fondo de Equiparación que, por años, allegó sobre $350 millones a los ayuntamientos pero que la Junta de Control Fiscal ha determinado eliminar paulatinamente.

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Como parte de la segunda fase, Pierluisi mencionó la construcción de cuatro nuevas “miniestaciones” de transbordo de basura, que ubicarían en Arroyo, Cayey, Vega Alta y Vega Baja, que ayudarían principalmente a municipios que no cuentan con sistemas de relleno en sus pueblos o en ayuntamientos cercanos.

Al preguntársele por las políticas para fomentar el reciclaje, un área en que Puerto Rico ha incumplido con sus propias leyes y métricas establecidas desde la década de 1990, Machargo habló de la necesidad de que exista un mercado doméstico para esos productos. Sin embargo, recalcó que, para hacerlo “atractivo” a las industrias, se necesita suficiente abundancia de este material.

“Esto es como el huevo y la gallina. Hay que generar volumen de material reciclable para que sea atractivo a la industria. Por eso es que se está haciendo inversión en estaciones de separación de materiales para empezar a generar ese volumen de reciclaje y entonces venga la industria nativa. No podemos depender de exportar los materiales al Oriente porque ellos cambian las reglas de forma caprichosa súbitamente”, expresó el secretario del DRNA.

Aunque ya se ha delineado la construcción y mejoras de múltiples instalaciones relacioandas al manejo de desperdicios sólidos, Machargo precisó que en diciembre el DRNA emitirá una solicitud de propuestas para la contratación de consultores que asesoren sobre el desarrollo de una “estrategia integrada”.

El plan delineado por el gobierno contempla establecer tres instalaciones de segregación de material reciclable, en Hormigueros, Humacao y Guayanilla. Asimismo, se promovería la construcción de una planta de reciclaje en Toa Baja y plantas de composta en Arecibo y Mayagüez.

Gomas trituradas para asfaltar carreteras

Pierluisi, en tanto, aseguró que su administración contempla comenzar en enero a asfaltar ciertas carreteras con un material elaborado a base de neumáticos triturados, que desde hace meses se ha esbozado como una estrategia para lidiar con la acumulación de gomas.

La crisis de neumáticos provocó que, en abril pasado, el gobernador activara a la Guardia Nacional para manejar su disposición.

“Me consta que ya han adquirido la máquina para triturar y utilizar las gomas varias entidades que se dedican a asfaltar. También sé que el proceso regulatorio que está en curso en la Autoridad de Carreteras está avanzado. Saben que la meta es que empecemos a utilizar la goma triturada en algunas de nuestras carreteras a principios del año que viene”, manifestó Pierluisi.

La visión del gobierno incluye una planta de reciclaje de neumáticos en Yabucoa, que tendría la capacidad de disponer de “todas” las gomas en Puerto Rico, según el mandatario.

“La planta (de Yabuoca) tiene una capacidad enorme, que pudiera acaparar (el mercado de gomas). Pero esto va paralelo con la directriz que di de que se utilice la goma triturada para asfaltar algunas de las carreteras”, señaló Pierluisi.

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