Aun cuando el sistema correccional alberga 25 reclusos que han sido declarados no procesables por encontrarse incapaces de entender los procedimientos legales que se llevan en su contra, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) apenas cuenta con ocho camas disponibles entre sus dos hospitales forenses, donde estos pacientes deben recibir los servicios que les permitan colaborar con su defensa o recibir la atención adecuada antes de pasar a otro tipo de cuidado.
Assmca, en declaraciones escritas, informó que al momento tiene ocho camas disponibles “pero hay ocho aceptados y en tránsito para admitir desde (el Departamento de) Corrección”.
Actualmente, en los dos hospitales forenses de Assmca –ubicados en Río Piedras y Ponce– hay 196 pacientes, de los cuales 73 se encuentran bajo la jurisdicción de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, lo que implica que requieren tratamiento mental antes de reevaluar si pueden comprender los procesos legales; y 123 que están bajo la Regla 241, que cobija a pacientes mentales que han sido absueltos o declarados no procesables permanentemente.
Assmca, dirigida por el exsenador Carlos Rodríguez Mateo, no proveyó el desglose de los pacientes hospitalizados entre las instituciones de Río Piedras y Ponce. El hospital en Ponce tiene 125 camas, de las cuales 99 son para hombres y 26, para mujeres, al tiempo que el de Río Piedras –que solo atiende hombres– cuenta con 108 camas.
Cuando un paciente de salud mental es declarado no procesable de forma permanente, pero aún requiere de atención especializada, Assmca tiene la alternativa de ubicarlo en el Hospital de Psiquiatría General –que tiene alrededor de 120 camas– o trasladarlo a alguna institución privada.
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Sin embargo, Assmca informó que, al momento, el Hospital General “está lleno para varones (aunque) hay camas disponibles para mujeres”.
De acuerdo con datos suministrados a Metro por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), entre los 25 pacientes de salud mental no procesables que todavía permanecen en las cárceles del país, ocho están ingresados en la Institución de Sabana Hoyos; dos en Bayamón 705; cuatro en Bayamón 1072; y 11 en el Centro Médico Correccional. Sin embargo, a base del desglose que proveyó el DCR, solamente 10 de los reclusos no procesables cuentan con una orden de traslado a un hospital forense, al tiempo que otros cuatro –todos de la cárcel de Sabana Hoyos– tienen “fecha de traslado”.
En algunos casos, a pesar de haber sido evaluados y declarados no procesables, los confinados no cuentan con una orden de traslado a un hospital forense. Tal es el caso, por ejemplo, de los cuatro pacientes de salud mental recluidos en Bayamón 1072, así como de tres de los siete varones no procesables ubicados en el Centro Médico Correccional. También ocurre con otros cuatro confinados en Sabana Hoyos que han sido declarados no procesables por el tribunal, pero no cuentan con orden ni fecha para su traslado a un hospital forense, según el DCR.
El DCR informó que, en total, tiene bajo custodia a 60 personas que atraviesan alguna etapa del proceso bajo la Regla 240 o la Regla 241.
Además de los 25 que han sido declarados no procesables o cuentan con una orden de traslado a un hospital forense, hay 21 casos de personas que cuentan con órdenes judiciales de traslado a “psiquiatría correccional” que se encuentran pendientes de cumplimiento. De esos 21 casos, 14 corresponden a confinadas del Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, mientras los otros siete son de reclusos en Sabana Hoyos.
Completarían el cuadro de 60 reclusos otras 14 personas bajo la Regla 240 que, según el DCR, no han sido declarados no procesables ni cuentan con una orden de traslado a una institución de cuidado mental.
Reportaje de Metro en el 2019 sobre esta misma problemática:
En mayo pasado, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), indicó que, al 21 de ese mes, había unas 57 personas en espera de traslado a un hospital tras decretarse su improcesabilidad al amparo de la Regla 240. Sin embargo, la OAT, al cierre de esta edición, no había suministrado datos actualizados.
En declaraciones escritas, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, reconoció las limitaciones que tiene el proceso de traslado de confinados a las instituciones de Assmca, lo cual, en ocasiones, resulta en que pacientes de salud mental permanezcan encarcelados por un periodo más extenso de la pena que hubiera resultado de ser hallados culpables por el crimen que se les imputaba, como encontró hace dos años una investigación de Metro y el Centro de Periodismo Investigativo, una crisis que organizaciones como la Comisión de Derechos Civiles y la Sociedad para la Asistencia Legal han catalogado como una crasa violación de los derechos de estas personas.
“La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción cuenta con facilidades para albergar pacientes imputados de delitos en espera de determinar procesabilidad conforme lo dispone la regla 240 y 241 de Procedimiento Criminal. La capacidad de estas facilidades se ha mantenido al tope y la disponibilidad de espacios es limitada, lo que provoca el mantener en las instituciones correccionales hasta que surja la disponibilidad de espacio para su admisión. A su vez, la pandemia del Covid-19 provoca cambios en sus regulaciones y no permite que trasladen a sus facilidades confinados con algún resultado positivo. Esto en protección al resto de los pacientes y la inmunidad de rebaño lograda”, sostuvo Escobar Pabón.
La titular del DCR admitió que los retrasos en los traslados derivan en problemas presupuestarios para la agencia, si bien rechazó que la situación produzca instancias de hacinamiento en las cárceles del país.
“Contamos con espacios suficientes para albergar todo ingreso. Lo que provoca es un problema presupuestario ante el costo de esta población que requiere servicios de salud mental constantemente, así como medicamentos y otros servicios médicos de atención a las necesidades que estos presentan mientras esperan por su traslado. El DCR cubre los costos de alojamiento, alimentación, servicios médicos y seguridad, entre otros”, dijo, al detallar que, al momento, las instituciones penales cuentan más de 1,300 espacios disponibles.
“De existir alguna dificultad en la utilización de los espacios disponibles le corresponde a la Oficina de Manejo de Población identificar de inmediato la acción correctiva y de manera proactiva realizar las reubicaciones en las facilidades correccionales que lo ameriten”, agregó la secretaria del DCR.