Mientras el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, planteó que cambios al lenguaje relacionado con la protección de las pensiones podrían asegurar que más legisladores de su delegación votaran a favor de la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), Javier Aponte Dalmau, portavoz de la mayoría popular, rechazó que sea necesario para garantizar los objetivos que persigue la Asamblea Legislativa.
Aponte Dalmau aceptó que las enmiendas que aprobó anoche la Cámara de Representantes generaron dudas en parte de delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD). Específicamente, dijo Aponte Dalmau, las dudas giran alrededor del artículo 104 del informe del comité de conferencia, donde se estipula la política pública en defensa de las pensiones públicas pero se introdujeron unas aclaraciones impulsadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) para aclarar que la protección no aplica a las acumulaciones futuras ni a ajustes por costo de vida.
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“La precisión en el lenguaje con respecto a lo que es la manera de computar las pensiones de ahora en adelante creó alguna incertidumbre con algunos de los compañeros. El presidente (del Senado, José Luis Dalmau) decidió que se circulara de manera digital el proyecto y darles tiempo a los compañeros para que leyeran las enmiendas”, señaló el portavoz de mayoría, al recalcar que todavía se anticipa que el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara (PC) 1003 se lleve a votación mañana en el hemiciclo.
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No obstante, Aponte Dalmau rechazó la posibilidad de introducir nuevos cambios a la medida, lo que implicaría elaborar un nuevo informe de conferencia que tendría que ser aprobado en ambos cuerpos. Asimismo, aseguró que ningún senador ha propuesto un lenguaje alterno que brinde mayor seguridad a los legisladores del PNP y PPD que no han adoptado una postura definitiva.
“Es que yo no veo aquí, en torno al artículo 104 y el artículo de la aplicabilidad, qué enmiendas están planteando. Aquí no se está enmendando el lenguaje de nada. Aquí no se está atendiendo que vamos a adicionar a alguien que queramos proteger. De las 10 que propusimos, (la JCF) nos acogieron seis. Nadie ha propuesto cambiar el lenguaje en cuanto a lo que queremos garantizar”, dijo el legislador.
“A mi juicio (el tranque) es quién quiere abrogarse la victoria de la aprobación del proyecto. Estamos quizás ante el proyecto más importante de las próximas tres décadas. Aquí no hay tiempo para estar atendiendo politiquería”, expresó Aponte Dalmau, quien no precisó cuántos senadores populares mantienen dudas sobre el PC 1003.
Si los 12 senadores del PPD votaran a favor, aún requerirían al menos dos votos del PNP para que la medida pase a La Fortaleza, ya que las minorías del Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot se han opuesto desde un inicio a la ley habilitadora del PAD.
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Sin embargo, en la delegación senatorial del PNP se mantiene la división, tal como ocurrió en la Cámara baja, donde anoche el informe de conferencia del PC 1003 fue aprobado con 30 votos a favor y 15 en contra.
El senador Ríos tampoco quiso precisar cuántos senadores de su delegación podrían favorecer la medida, si bien el portavoz, Thomas Rivera Schatz, al igual que Gregorio Matías, Henry Neumann y William Villafañe han dicho que la medida no contiene suficientes garantías para los pensionados.
Ante ese panorama, quedarían seis senadores novoprogresistas que pudieran favorecer el proyecto, que cuenta con el aval del gobernador Pedro Pierluisi.
“Yo no te voy a decir qué compañero o compañera está a favor o en contra. Cada legislador va a votar fuera de las reglas de caucus porque esto era un asunto programático, según su conciencia y lo que entienda es mejor para Puerto Rico. Y los que no voten a favor también según su conciencia y lo que creen que es mejor”, dijo Ríos, quien favorece la medida, en una rueda de prensa.
“No descarto que haya un lenguaje que se incluya, no descarto que quizás con el propio lenguaje después de unas explicaciones y la Junta, que tiene una encomienda de enmendar su plan, que ahí es donde yo creo que está la discrepancia. Nadie está en desacuerdo que la reducción que se ha dado de la deuda es sustancial. Eso está estipulado y es la transacción más grande que existe dentro del proceso de quiebra”, añadió el portavoz alterno.
En el artículo 104 del PC 1003 se estipula que “la Asamblea Legislativa por la presente autoriza la emisión de los Bonos de Obligación General y los IVCs, sujeto a que la JSAF radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual (“Monthly Benefit Modification,” según se define en el Plan) a los beneficios de pensión acumulados (pero esta condición no afecta la congelación de acumulaciones futuras ni la eliminación de futuros ajustes por aumentos en el costo de vida)”.
En la Cámara de Representantes, el presidente Rafael “Tatito” Hernández, y el líder de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, han argumentado que en el gobierno de Puerto Rico no existen pensiones con ajustes por inflación y que cualquier conversión de un modelo de beneficio definido a contribución definida requeriría legislación futura.
Ríos dijo que, ante la posibilidad de recortes futuros a pensiones –particularmente las de maestros y jueces, que aportan a sistemas separados del gobierno central–, “la corrección” sería que permitir que cotizaran al Seguro Social para “mitigar” las reducciones.
“El no hacer algo para llegar a un acuerdo pone en juego, si se deja a la discreción de la juez (de quiebras Laura Taylor) Swain, y es mi opinión, de poder ver el plan del gobierno (central) que está ahí, que reconoce que a falta de unas métricas y unas metas se pueden recortar las pensiones”, sostuvo Ríos con relación al PAD que actualmente está ante el tribunal.
Mediante el PC 1003 se busca reestructurar acreencias de cerca de $35,000 millones a cambio de la emisión de los bonos renegociados por un principal de $7,400 millones, a los que sumarían los intereses, hasta $8,700 millones en los instrumentos de valor contingente (IVC), cuyo desembolso dependería de los niveles de recaudos, y un pago adelantado de cerca de $7,000 millones por “costos de financiamiento”.
