El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves dijo el miércoles que pedirá explicaciones al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández por qué no es público un registro de contratistas gubernamentales con señalamientos de corrupción, como parte de la Ley 2 de Anticorrupción del 2018.
“A la luz del Proyecto del Senado 345 y el 299 trae a la luz un asunto que el país desconocía. Y es que existe un registro de personas que han sido convictas por contratos con el gobierno que suma alrededor de 8,000 personas desde que se aprobó la Ley 2 del 2018 que es el Código de Anticorrupción. Ese registro lo administra el Departamento de Justicia y el país no lo sabe. Y nos dicen que a diferencia de los contratos que se registran, el contralor de Puerto Rico no puede accesarlos, en cambio, el registro que tiene el Departamento de Justicia de personas convictas por contratos o señalamientos de malversación de fondos, si yo no conozco el nombre de la persona, yo no lo puedo accesar”, dijo Ruiz Nieves a la prensa.
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“No es un registro abierto a la prensa ni al país. Si queremos que el Código de Anticorrupción funcione, pues hay que discutir con el secretario de Justicia por qué no es un documento público y por qué yo no lo puedo conocer”, añadió.
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Explicó que citarán a vista pública al Departamento de Justicia para que expliquen el asunto.
Por su parte, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso expuso que “estoy completamente a favor porque el proyecto lo que está buscando es, acuérdate que cuando se usa a alguien, se acusan a 3 o 4 personas pero hay una tarjeta. Los otros que estuvieron envueltos le das inmunidad para que te den testimonio. Al de repente darle inmunidad, esa persona sigue obteniendo contratos cuando era culpable también, solo con la suerte que le dieron inmunidad”.
La Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves pasa revista sobre el Proyecto del Senado 299 para enmendar el “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleva la recisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente.
Además, se estudia el Proyecto del Senado 345 para enmendar el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de imponer responsabilidades jurídicas a personas que admiten haber cometido actos de corrupción pero que no son procesadas por los mismos, añadir penalidades por violar las disposiciones de esta ley.
