La Alianza Pro Transparencia (APT) reaccionó en la tarde de hoy, miércoles, sobre la decisión de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), de archivar las investigaciones contra las juezas de Caguas, Ingrid Alvarado y Sonya Nieves, quienes atendieron el caso de la joven Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada por su expareja.
Según dijeron, el equipo de asesores legales de la APT, está haciendo un “análisis profundo” de las implicaciones de la determinación de OAT.
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La APT, anunciará próximamente cuál será el rumbo legal que tomará ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde radicarán un caso para exigir la divulgación de las grabaciones de los procedimientos que se llevaron a cabo con Ruiz Costas.
“Si bien es cierto que la letra de la ley debe cumplirse, también su espíritu tiene que defenderse. La aplicación del derecho es una tarea que está intrínsecamente ligada a la conducta que deben presentar nuestros jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones”, lee la comunicación de APT.
Finalmente, apuntaron que “en su momento”, el comportamiento de todos los que debieron ser sensibles con el clamor de Ruiz Costas “serán objeto de escrutinio público”.
El director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, informó hoy que la Oficina de Asuntos Legales concluyó que “no se cumple con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario” contra las juezas.
