Cientos de pensionados, estudiantes universitarios, maestros y trabajadores activos del gobierno central llegaron desde temprano en la mañana de hoy al Capitolio para expresar su oposición al aparente acuerdo entre la Legislatura, la rama ejecutiva y la Junta de Control Fiscal (JCF) para reestructurar la deuda del gobierno central a través del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), denominado por los opositores como el “Plan del Tumbe”.
Las persistentes dudas sobre las garantías que tendrían empleados activos y jubilados para el cobro de sus pensiones, la sostenibilidad del pago de las obligaciones del gobierno central y el futuro financiero de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sobresalen entre los reclamos que expresaron los participantes de la protesta en el lado norte del Capitolio, donde hoy la Cámara de Representantes sesiona y se espera que decline concurrir con las enmiendas del Senado al Proyecto de la Cámara (PC) 1003, como un primer paso hacia enmendar la medida para adoptar un lenguaje aceptable a la JCF.
“Es una jornada completa de actividades, de protestas, de cabildeo. Tenemos líderes de los distintos movimientos adentro tratando de hablar con algunos de los representantes. Estamos haciendo también ‘llamatones’ y tenemos estudiantes de todas partes de la isla, siguen llegando maestros de distintos recintos y escuelas. La idea es tener una manifestación de pueblo”, sostuvo Eva Prados, portavoz de la organización Construyamos Otro Acuerdo, que por los pasados años ha denunciado la alegada insostenibilidad del PAD negociado por la JCF, y en particular su efecto sobre las pensiones públicas.
Decenas de policías custodiaban las escalinatas del Capitolio frente a la Plaza de la Democracia, donde se concentraba el grueso de los manifestantes.
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Ayer, tras un encuentro en el Centro de Convenciones, el gobernador Pedro Pierluisi, líderes legislativos del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista y directivos de la JCF dieron a entender que existía consenso para el lenguaje definitivo del PC 1003, que autoriza el intercambio de bonos que propone el PAD, cuyas vistas de confirmación judicial comienzan el 8 de noviembre. A pesar de que el presidente de la JCF, David Skeel, aseguró que la reunión ayer no se trató de una “negociación”, tanto Pierluisi como Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, indicaron a la prensa que todas las partes coincidían en los elementos que debe contener la legislación.
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Según las disposiciones del PAD, Puerto Rico a futuro destinaría unos $1,150 millones anuales producto de sus recaudos al pago de sus obligaciones, a lo que deben sumársele cerca de $2,000 millones anuales para el cumplimiento con la deuda de pensiones. En conjunto, dichas obligaciones representarían cerca del 20% de los ingresos que el gobierno genera mediante impuestos.
“No se le ha dado al pueblo el contenido de esos acuerdos (entre la JCF, la Legislatura y el gobernador). Lo que hace es especularse sobre si se protege o no a las pensiones, si se protege algún dinero para la UPR y lo que tiene que ver con los municipios. Pero mientras se mantenga el pago de los bonos tal cual presentado en ese proyecto todo está en riesgo. Es un pago insostenible de la deuda (y) para colmo se estaría autorizando el pago de deuda ilegal, y no lo decimos solamente el Frente (Ciudadano por la Auditoría de la Deuda), lo dijo la Junta en el tribunal, diciendo que esas emisiones habían sido ilegales y se podían cancelar. Si de verdad queremos salir de la quiebra y no caer en una segunda, no podemos insistir en el pago de esos bonos ilegales y tenemos que reducir más todavía el pago de la deuda”, añadió Prados.
Según Prados, la Legislatura tendría la oportunidad de ser la ficha del tranque en la aprobación del PAD y forzar la reapertura de las negociaciones con los acreedores, toda vez que de ordinario las emisiones de bonos requieren la autorización de los cuerpos legislativos.
Entre los elementos que se espera contenga la versión final del PC 1003, como condición para autorizar el intercambio de bonos, es que la JCF acceda a garantizar un presupuesto anual de $500 millones para la UPR hasta el 2027, lo que detendría, al menos temporeramente, los recortes masivos que ha impuesto la JCF.
“Ese engaño de hablar de que va a ayudar a la Universidad por unos $500 millones es mentira, es falso, una demagogia de parte de los legisladores. Sobre todo cuando el presupuesto que debería recibir la UPR de acuerdo con la Ley 2 del 1966 es de alrededor de $1,000 millones”, dijo Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, en referencia a la fórmula que garantizaba al centro docente el 9.6% del fondo general.
“Si (la JCF) no ha cumplido con el ordenamiento jurídico del país que establece el 9.6% del presupuesto, muchísimo menos vamos a confiar en este. No se han dignado tan siquiera en modificar la ley porque no les importa, así que no hay confianza ni siquiera en los $500 millones, que nos pone en una posición de precariedad”, subrayó el líder docente.
Para Sebastián Segarra, estudiante del Recinto de Río Piedras de la UPR, el plan de ajuste “afecta a nuestros compañeros en otros recintos. Nosotros como recinto grande también tenemos una lucha porque nos van a quitar servicios esenciales, van a quitar profesores, habrá menos sesiones, menos clases. Nos quita el derecho a la educación que tiene este pueblo”.
Rafael Bernabe y José Bernardo Márquez, legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, quienes se unieron en apoyo a la manifestación, sostuvieron que las delegaciones de minoría no han tenido acceso al lenguaje de las enmiendas al PC 1003, y cuestionaron el proceso que ha seguido el liderato legislativo en sus negociaciones con la JCF y el ejecutivo.
“Es un ejemplo perfecto de la manera antidemocrática y antiparticipativa en que funciona esta Legislatura, ellos ya han anunciado que lo tienen aprobado en Cámara y Senado y que va a estar listo para la firma del gobernador el miércoles. Entonces uno se pregunta para qué se reúne la Legislatura”, expresó el senador Bernabe.
“Yo sigo preguntando al liderato legislativo qué economista del país dice que esto es un buen acuerdo”, dijo, por su parte, Márquez.