Locales

Senado indaga sobre impactos de torres de telecomunicaciones en comunidades

Comisión senatorial busca crear una ley para regular la construcción e instalación de estas torres

Wilson Rivera Suministrada

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En su segundo día consecutivo de vistas públicas, la presidenta de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, Elizabeth Rosa Vélez continuó la evaluación del Proyecto del Senado 319 que busca crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.

Para analizar el PS319 la Comisión citó una veintena de organizaciones comunitarias para escuchar de primera mano su opinión sobre la medida. Asimismo, citó a varias agencias de gobierno que expusieron sus comentarios sobre el proyecto.

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Todas las organizaciones que depusieron favorecen la medida; mientras que las agencias de gobierno se oponen al proyecto.

Wanda Ríos del Comité Pro-Bienestar La Margarita en Salinas, manifestó que “este proyecto es necesario para crear una armonía entra las telecomunicaciones y el ambiente del ser humano y mas aun restablecer los derechos que se nos han arrebatado bajo la actual Ley 89-2000. Hemos sido víctimas de las construcciones desmedida de torres de telecomunicaciones sin que se nos tome en consideración, violando un sinnúmero de Leyes Federales”.

Los reclamos que hacen las organizaciones son tener una mayor participación en los procesos de toma de decisiones con las construcciones relacionadas a las torres y que se cree una Ley clara que así lo disponga. Asimismo, demandan haya una distancia mayor entre las antenas, las residencias, las escuelas y los hospitales; ya que la mayoría de las torres sobrepasan la altura regulada. También, exigen un mejor proceso de notificación antes de comenzar la construcción de los proyectos y que sea mucho más ágil que el actual.

En cuanto a las agencias de gobierno, la Junta de Planificación y el Negociado de Telecomunicaciones no favorecen el PS319 ya que la Ley 89-2000 y otras leyes federales atienden los reclamos expuestos por los ciudadanos.

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La Junta de Planificación presentó en su ponencia que “es menester señalar que la Ley 89-2000, fue adoptada en armonía con las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual ocupó el campo con relación a los posibles efectos ambientales y de salud asociados con la construcción, instalación y uso de torres de servicios móviles”.

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Asimismo, enfatizó que “por entender que la ejecución de medida podría estar en contravención a lo que representa un campo ocupado por la legislación federal, la Junta de Planificación de Puerto Rico, no endosa a la aprobación del P. del S. 319”.

Por su parte, el Negociado de Telecomunicaciones aclaró en su memorial presentado a la Comisión que “la jurisdicción para evaluar solicitudes de usos de terrenos y permisos relacionados con la construcción y ubicación de torres de telecomunicaciones recae en la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación”. También, reconocieron que “muchos de los artículos contenidos en el proyecto, imponen cargas onerosas y trabas excesivas al desarrollo de las torres de telecomunicaciones. Prácticamente, buscan prohibir la construcción de nueva infraestructura de telecomunicaciones. Esto como ya expresáramos es contrario a las leyes y regulaciones federales. La Ley 89, supra, cumple con el propósito de armonizar con el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas a la vez que obligan a cada proponente a garantizar un estricto cumplimiento con las especificaciones de seguridad, para los residentes de áreas adyacentes”.

El Negociado, además enfatizó que “en un mundo conectado y globalizado, es necesario contar con una infraestructura sólida que nos permita competir de tú a tú con el resto del mundo y crear riqueza y desarrollo económico para nuestra isla. La política pública del Gobierno Federal es la de eliminar barreras y acelerar el despliegue y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha, tanto alámbrica como inalámbrica”.

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