ASG demanda a ASES por proceso de contratación del administrador de medicamentos

La Administración de Servicios Generales (ASG), presentó una demanda en contra de la Administración de Seguros de Salud (ASES), en relación al proceso de Solicitud de Propuestas administrado para la nueva contratación del administrador de beneficios de farmacia (PBM) de las aseguradoras que manejan el Plan Vital.

El director ejecutivo de ASES, Jorge Galva, dijo hoy que la agencia no fue emplazada para dar su versión sobre los hechos, aún cuando el Tribunal de Primera Instancia ordenó ayer la producción del expediente del requerimiento de propuestas (“RFP”, por sus siglas en inglés) para los servicios de PBM.

Galva envió hoy una carta a la Administradora y Principal Oficial de Compras de ASG, en la que pidió la inmediata desestimación de la demanda de mandamus, la que dijo es una “sin fundamento legal”.

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“Todas las acciones, procesos que hemos establecido y ejecutado han tenido un riguroso análisis jurídico en pro de nuestros 1.5 millones de beneficiarios y la ASES. Segundo, para esta determinación la ASG compareció sola la sala de juez, ya que la ASES nunca fue notificada o emplazada para poder presentar los contundentes argumentos jurídicos, que, de haber tenido participación, estoy seguro de que el resultado habría sido otro. Nos enteramos por la prensa. Tercero, me preocupa la posible interpretación equívoca y repercusiones que pueda generar esta decisión en momentos que estamos defendiendo los fondos federales para nuestro programa que atiende 1.5 millones de pacientes o beneficiarios”, dijo el director ejecutivo de ASES en expresiones escritas.

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Galva apuntó que ASES ha establecido “rigurosos procesos para la selección de contratos de servicios profesionales como este, los cuales no se saben quiénes son los proponentes, porque las propuestas de las compañías se clasifican por letras y al final pasan por el crisol de la Junta de Directores. Este proceso de RFP de servicios profesionales para los PBM y la RA es parte de las iniciativas de la ASES, conforme recomendaciones del Gobierno Federal”.

A finales de septiembre, ASES se aprestaba a seleccionar al PBM. en lo que ha sido el primer proceso abierto a competencia en más de una década.

Galva, explicó que para la licitación se establecieron dos comités: uno técnico, encargado de evaluar las credenciales de las compañías que respondieron a la convocatoria, y otro ejecutivo, con la función de analizar si las ofertas presentadas cumplen con los requisitos establecidos en la solicitud de propuestas (RFP).

“Resulta altamente irregular la expedición de un mandamus sin dar la oportunidad a la parte demandada de comparecer y de presentar su posición con respecto a lo solicitado. Entonces, es forzoso concluir que resultaría imposible para cualquier juez poder cumplir con el análisis necesario de los hechos y el derecho para establecer el balance de intereses requerido, así como determinar los intereses públicos en controversia, sin escuchar la posición de la parte contra la cual se solicita la orden”, concluyó Galva.