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Pierluisi defiende las bondades del proyecto de reestructuración de bonos aprobado en el Senado

Sin embargo, el mandatario tildó de “no vinculantes” a la Junta Fiscal los reclamos para que se garanticen fondos para diversos propósitos

El gobernador Pedro Pierluisi confirmó que tiene la intención de firmar el proyecto que reestructura la deuda por bonos del gobierno central, un día después de que el Senado aprobara la medida tras introducirle decenas de páginas de enmiendas propuestas por el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau.

El primer ejecutivo dio peso a las disposiciones del proyecto –que aún debe pasar nuevamente por la Cámara de Representantes– que anulan sus disposiciones en caso de que la Junta de Control Fiscal (JCF) insista en presentar, o la jueza Laura Taylor Swain avale, un plan de ajuste de deuda (PAD) que contenga recortes a los pensionados del sector público.

Sin embargo, Pierluisi opinó que el resto de los reclamos que se introdujeron en el Senado a través de las enmiendas de Dalmau, como asignaciones de fondos garantizadas para los municipios o la Universidad de Puerto Rico (UPR), no incidirían sobre la confirmación del PAD pues son simplemente aspiraciones de la Asamblea Legislativa, aunque el gobernador dijo coincidir, en términos generales, con sus propósitos.

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“Sufrió enmiendas el proyecto de ley que la Cámara aprobó, pero por la información que me llegó anoche, porque estaba en comunicación con el liderato, los cambios no causan que el proyecto deje de lograr su cometido. El objetivo de este proyecto es que podamos hacer una emisión de los bonos reestructurados luego de que el Tribunal Federal ordene la reestructuración”, indicó Pierluisi a periodistas tras una actividad en el Centro de Convenciones.

A través de la medida, se busca autorizar al ejecutivo a emitir unos $7,400 millones en deuda nueva, que sustituiría bonos con un principal vigente de cerca de $18,800 millones. Además, la medida incorpora unos instrumentos de valor contingente, como se le conoce a unos bonos que serían pagaderos si se exceden las proyecciones de recaudos para varias fuentes de ingreso.

“Sí es vinculante para la Junta el que no puede haber recortes de pensiones. Sí es una condición suspensiva de esta ley que, si hay recortes de pensiones, la ley no entra en vigor. Esa parte es vinculante para todas las partes concernidas. Si hay recortes de pensiones no va a haber emisión de bonos reestructurados avalada por la Asamblea Legislativa y este servidor”, sostuvo Pierluisi.

Aunque las enmiendas añadidas por Dalmau incluyeron en la parte dispositiva una serie de 10 condiciones que, de incumplirse por la JCF, harían nula la emisión de bonos, el gobernador indicó equivocadamente que las premisas forman parte de la exposición de motivos. Bajo esa premisa, dijo el mandatario, no serían “vinculantes” al organismo fiscal.

Además de condiciones sobre las pensiones, y asignaciones fijas anuales de $500 millones y $62 millones a la UPR y los municipios, respectivamente, los reclamos contenidos en la versión del plan de reestructuración aprobada en el Senado incluyen un fondo de desarrollo económico de $300 millones, destinar $1 millón para un estudio de viabilidad para ofrecer cubierta médica a 225,000 personas y otras iniciativas sin asignación específica que se atenderían en legislación futura.

“Como (esos reclamos) no vincula a la Junta, entiendo que si se aprueba la medida, la Junta no debe tener mayor objeción a utilizar esta ley, cuando yo le imparta la firma, para hacer esta emisión de bonos. Lo que expresa es el deseo de la Asamblea Legislativa de que la Junta haga unos cambios en el plan de ajuste. Yo voy a hacer las gestiones ante la Junta porque, aunque no tengo todos los detalles de lo que se incluyó en la exposición de motivos, estoy seguro que voy a coincidir con gran parte de su contenido”, dijo Pierluisi, al añadir que “el plan fiscal de la Junta tiene que ser revisado de todas maneras” debido a nuevas proyecciones económicas de la oficina presupuestaria del Congreso.

Pierluisi no quiso abordar la posibilidad de que la propia Asamblea Legislativa intente, en el futuro, derogar la propuesta ley si la JCF no accede a enmendar el plan fiscal para incluir las exigencias que se introdujeron al Proyecto de la Cámara (PC) 1003, una alternativa que esbozó, entre otros, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza.

“No nos adelantemos. Primero hay que aprobar la ley”, dijo Pierluisi.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, anunció que, contrario a lo que había informado Dalmau más temprano en la semana, el cuerpo no concurría este viernes con las enmiendas aprobadas en el Senado, ya que esperará a que la JCF “garantice” por escrito que acogerá los reclamos de la Legislatura.

“Lo prudente es esperar a que la Junta se exprese para ratificar la medida’, dijo Hernández en declaraciones escritas, al indicar que había citado al ente fiscal y a Pierluisi a una reunión el sábado 16 de octubre. Si las partes logran “finiquitar” los acuerdos, la Cámara atendería el PC 1003 enmendado el 18 de este mes, indicó Hernández.

Pierluisi, quien habló con la prensa antes del comunicado de Hernández, desechó la importancia de la moción que la JCF presentó ante la jueza Swain, reclamando que la Asamblea Legislativa estaba invadiendo campo ocupado al añadir exigencias sobre las pensiones y otros temas en el proyecto de reestructuración.

“Esos son aleteos de la Junta ante el tribunal. La realidad es que si se quiere una emisión de bonos reestructurados el plan de ajuste, la reestructuración, no puede incluir recortes”, recalcó el mandatario.

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