Un juez federal ordenó el miércoles a Texas suspender la ley más restrictiva contra el aborto en Estados Unidos, misma que desde septiembre ha prohibido la mayoría de las interrupciones del embarazo en el segundo estado más poblado del país.
La orden del juez de distrito Robert Pitman es el primer revés jurídico a la ley de Texas conocida como Propuesta 8 del Senado, que hasta ahora había resistido una oleada de impugnaciones. En las semanas posteriores a que entró en vigor, los proveedores de abortos en el estado aseguran que el impacto ha sido “exactamente el que temíamos”.
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Pero incluso con la ley suspendida, los servicios de aborto en la entidad podrían no reanudarse de inmediato debido a que los doctores aún temen que puedan enfrentar demandas ante la falta de una decisión jurídica más permanente.
Es posible que las autoridades del estado intenten revertir rápidamente el fallo a través de la Corte Federal de Apelaciones del 5to. Circuito, la cual permitió previamente que las restricciones entraran en vigor.
La ley, que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó en mayo, prohíbe practicar abortos una vez que se detecte actividad cardíaca en el feto, lo cual sucede por lo general a las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres se hayan enterado siquiera de que están embarazadas. Para hacer respetar la ley, Texas le delegó a la ciudadanía la capacidad de presentar demandas contra los violadores de la medida, otorgándoles una compensación de al menos 10.000 dólares si su caso resulta exitoso.
La demanda fue presentada por el gobierno del presidente Joe Biden, el cual ha dicho que las restricciones se promulgaron en desafío a la Constitución.
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El gobierno de Biden argumentó que Texas ha librado una ofensiva en contra del derecho constitucional de la mujer al aborto. Las restricciones, propuestas por republicanos, entraron en vigor el 1 de septiembre.
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“Un estado no puede prohibir los abortos a las seis semanas. Texas lo sabía, pero de cualquier modo quería una prohibición a las seis semanas, por lo que el estado recurrió a un plan sin precedentes de justicia popular con el objetivo de asustar a los proveedores de abortos y a otros que pudieran ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos constitucionales”, dijo Brian Netter, abogado del Departamento de Justicia, ante el tribunal federal el viernes.
Los proveedores de abortos dicen que sus temores se han vuelto realidad en el poco tiempo que la ley ha estado vigente. Planned Parenthood asegura que el número de pacientes de Texas en sus clínicas del estado que acudieron a interrumpir su embarazo se redujo 80% en las dos semanas posteriores a que la medida entró en vigor.
Algunos proveedores han dicho que ahora las clínicas de Texas están en peligro de cerrar, mientras que los estados vecinos pasan apuros para brindar el servicio debido a que ha habido un incremento drástico en el número de pacientes, que ahora deben conducir cientos de kilómetros. Otras mujeres, afirman, se ven obligadas a dar a luz en contra de su voluntad.
