Experto opina sobre el caso Keleher: “Yo creo que es un excelente acuerdo”

El exfiscal Osvaldo Carlo planteó que la vista de sentencia será una formalidad, aunque Keleher pudiera optar por emitir algún tipo de disculpa pública

Por Manuel Guillama Capella

Aunque sostuvo que los acuerdos de culpabilidad ‘Tipo C’ son particularmente inusuales en el Tribunal Federal, y más aun en el Distrito de Puerto Rico, el ex fiscal federal Osvaldo Carlo opinó que fue una decisión sabia del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso de Julia Keleher, la exsecretaria de Educación bajo el gobierno de Ricardo Rosselló.

El juez a cargo del caso, Pedro Delgado, anunció hoy que había acogido el acuerdo que, en esencia, implica que cede su poder de sentenciar a la acusada al pacto sometido por las partes.

“Yo me he enfrentado con jueces que te dicen desde un principio ‘no me traigas acuerdos C porque yo no los considero’. O sea, quieren tener la discreción. Son extremadamente raros, pero se dan”, dijo Carlo.

Para el abogado, la defensa de Keleher, encabezada por María Domínguez, había logrado debilitar el caso que la fiscalía federal presentaría contra la exfuncionaria, particularmente en lo relacionado al beneficio que habría recibido por concepto de la compra de un apartamento a un costo nominal.

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“Yo creo que es excelente acuerdo porque ambas partes se evitan el riesgo de un veredicto adverso por un jurado”, mencionó Carlo.

El primer cargo por el que Keleher se declaró culpable es por conspiración de fraude electrónico en torno a la contratación de la empresa Colón y Ponce en el Departamento de Educación. Con relación a este caso, la exsecretaria habría intervenido para pagar de forma ilegal el salario de María Estela Cestero por medio de las empresas Colón y Ponce y BDO, en contravención al contrato de la agencia, que prohibía la subcontratación.

Mientras, el segundo cargo –por conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos– versa sobre una conspiración a favor de un coconspirador para la cesión de unos 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a cambio de un bono para la compraventa de un apartamento en el complejo de Ciudadela. Según este cargo, Keleher habría utilizado su posición como secretaria para recibir pagos, regalos o cosas de valor de otras personas a cambio de ceder dichos predios.

El acuerdo permitía que Keleher viviera en un apartamento en Ciudadela por un precio nominal de $1.00 mensual. Luego, en mayo de 2018, la denuncia detalla que las compañías A, B y C conspiraron para otorgarle un bono de $12,000 a Keleher para la compraventa del apartamento.

El acuerdo de culpabilidad avalado por el juez Delgado contempla que Keleher cumpla seis meses de prisión, seguido de un periodo de un año de reclusión domiciliaria, además del pago de una multa de $21,000 a modo de restitución.

“Yo creo que los abogados de defensa hicieron muy buenos planteamientos de Derecho y había cargos en el caso que estaban finitos en cuanto a Julia Keleher se refiere. El asunto del beneficio que supuestamente recibió por el apartamento que alquiló y después compró, por una cantidad nominal, es un acuerdo que aparentemente se le había ofrecido a otros compradores y había dudas de si el gobierno (federal) iba a poder probar más allá de toda duda razonable que hubo ‘quid-pro-quo’ (un favor a cambio de otro) en esa transacción”, sostuvo Carlo.

“Por el otro lado, la declaración de culpabilidad le hace el caso más sólido en cuanto a los demás acusados. Están haciendo un intercambio ahí y me parece que la fiscalía federal consideró y ahora están en mejor posición contra los demás acusados, comenzando por el hecho de que tienes una exsecretaria de Educación haciendo alegación de culpabilidad, admitiendo irregularidades en los eventos que llevaron a la acusación de otras personas que están esperando juicio”, añadió el analista.

Los coacusados en el caso Keleher son Ángela Ávila, exdirectora de la Administración de Seguros de Salud; el excontratista Alberto Velázquez Piñol; Fernando Scherrer, expresidente de la compañía BDO; el contador público autorizado Aníbal Jover; y las hermanas Glenda y Mayra Ponce, que se declararon culpables en marzo y abril de 2020, respectivamente.

Carlo recalcó que Keleher no es considerada una “cooperadora” en el caso, pero que ello no impide que más adelante sirva de testigo del ministerio público, toda vez que, una vez convicta, no podrá ampararse en la quinta enmienda para no declarar.

Para Carlo, hay un “99.9%” de probabilidad de que el acuerdo se sostenga hasta el 17 de diciembre, fecha para la vista de sentencia, pues son mínimas las causas que permitirían a alguna de las partes rescindir de la transacción.

Según Domínguez, la representante legal de Keleher, para que el acuerdo fuera anulado alguna de las partes tendría que violar sus condiciones.

“De parte de la defensa, la intención no es violar las disposiciones del acuerdo”, subrayó la abogada.

Así las cosas, la vista en esa fecha podría considerarse un mero formalismo, pero Carlo recordó que Keleher tendrá la oportunidad de emitir algún tipo de disculpa pública, algo que no ha hecho desde el momento en que fue acusada, en 2019.

Domínguez confirmó a Metro que la intención de la exsecretaria de Educación es expresarse durante la vista de sentencia.

“Aunque aquí no habría razón para que ella hiciera lo que se conoce como un ‘allocution’, que es dirigirse al tribunal al momento de la sentencia, porque ya la sentencia está acordada, no podemos descartar que allí públicamente haga una expresión. Eso va a ser un aspecto interesante de cómo la defensa brega estratégicamente. Usualmente, en una sentencia, cuando vas a hablar hay un ‘mea culpa’, el convicto pide al juez excusarse con el pueblo de Puerto Rico por los hechos… Pueden haber expresiones de impacto, al igual que podría, simplemente, mantener su silencio”, señaló Carlo.

Si bien consideró que su defensa tuvo logros importantes durante el proceso legal, Carlo enfatizó que las consecuencias de la declaración de culpabilidad trascenderán el daño a la reputación de Keleher, el periodo de reclusión y la multa que se le impondrá.

“Ella ha hecho una vida de ser una contratista, una asesora en asuntos que envuelven fondos federales. Usualmente, cuando se impone una sentencia por delito grave, las agencias excluyen a una persona convicta de hacer negocios con as agencias federales en general. Esto le da un giro a su vida en el sentido de que no va a estar envuelta en lo que estaba envuelta anteriormente. Esos ‘debarments’ pueden ser con fecha definitiva o indefinida”, indicó el exfiscal.

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