Líderes ambientales y comunitarios le exigieron este domingo al gobernador Pedro Pierluisi que tome acción tras los análisis presentados por el Colegio de Químicos de Puerto Rico, sobre la contaminación del agua potable en residencias de Guayama y Salinas con elementos tóxicos de las cenizas de carbón de la empresa AES Puerto Rico.
Según los muestreos de agua, realizados por el Colegio en marzo y agosto de este año en varios hogares de Guayama y Salinas, se confirmó la presencia de metales pesados como bario, cobalto, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, estroncio, uranio y vanadio.
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Para el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas,Víctor Alvarado Guzmán, durante años se advirtió que esta tragedia salubrista y ambiental ocurriría.
“Durante años, expertos y científicos habían advertido que era cuestión de tiempo que estos elementos tóxicos de las cenizas de carbón aparecieran en el agua potable. Esto es sumamente peligroso porque no sólo utilizamos esa agua para beber, sino para bañarnos, confeccionar los alimentos, la agricultura y en los negocios. En Salinas, el 100% del agua potable proviene del acuífero, y ahora su uso pudiera estar comprometido”, expresó Alvarado.
Entre 2005 y 2011, se enterraron, dispusieron o depositaron sobre 1.6 millones de toneladas de cenizas tóxicas de carbón en Guayama y Salinas, provenientes de la empresa AES Puerto Rico. Muchos de estos depósitos se realizaron directamente sobre el acuífero, y cercano a ríos y quebradas.
Por su parte, la profesora Miriam Gallardo González, del colectivo Somos Sur, manifestó su preocupación por los alarmantes resultados sobre el agua contaminada, especialmente su efecto en la salud de las personas mayores.
“Nos preocupa mucho porque en la comunidad de Guayama hay un alto número de personas con cáncer, con problemas respiratorios y del corazón. Casi todos son personas mayores y muchos de ellos viven solos, en condiciones bien difíciles. Ahora, además del problema respiratorio que tienen con las cenizas que llegan a sus hogares, también tienen el problema del agua”, comentó Gallardo.
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Durante la conferencia de prensa del Colegio de Abogados, la semana pasada, Erasmo Cruz Vega, residente de la comunidad Santa Ana de Guayama, expresó su preocupación por los estudiantes de la Escuela Adela Brenes.
“En mi casa el agua de acueductos solamente la usamos para lavar ropa y bañarnos. Para tomar no. Es un gasto más, pero primero es la salud. Quizás otras personas en la comunidad no puedan. Pero, no es solamente el agua, sino que 24 horas, 365 días del año nosotros estamos respirando los tóxicos de las cenizas. El edificio más cerca que esta de la carbonera, esos enemigos del ambiente, es la escuela. Esos niños están allí respirando los tóxicos”, dijo Cruz Vega.
El presidente del Colegio de Químicos, Luis Cordero Soto, denunció que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), no ha respondido una petición de acceso a los cuerpos de agua que son custodiados por ambas agencias.
“Esa postura del DRNA y la AAA constituye una acción de encubrimiento, a quien único beneficia es a la criminal carbonera AES. Al no dar las autorizaciones, están contribuyendo a mantener en secreto el estado de la calidad del agua de los acuíferos y sus efectos en la salud de la ciudadanía que utiliza dicha agua”, comentó Carlos García Berríos, activista anti incineración de Arecibo.
Por último, Hernaliz Vázquez Torres, portavoz del Sierra Club, hizo un llamado al gobernador para que tome acciones inmediatas ante la exposición de residentes del sur a los tóxicos de las cenizas.
“El gobernador Pedro Pierluisi debe tomar acciones urgentes para proteger la salud y la vida de los residentes de Guayama y Salinas, ante los hallazgos del Colegio de Químicos. Exigimos que la AAA y el DRNA den acceso a los pozos de agua, para ampliar los muestreos. De igual forma, hay que declarar un estado de emergencia ambiental y salubrista en Guayama y Salinas, identificar todos los lugares donde la AES a dispuesto de sus cenizas tóxicas, y comenzar el cierre definitivo de la peligrosa planta de carbón para salvarle la vida a nuestras familias y comunidades”, puntualizó Vázquez Torres.
