La intención de Omar Marrero de permanecer como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), incluso si fuera confirmado como secretario de Estado, parecería jugarle en contra a sus posibilidades de conseguir los votos necesarios en la Cámara de Representantes para ostentar en propiedad el cargo que lo convierte en el primer funcionario en la línea de sucesión a la gobernación.
Durante su vista de confirmación en la Cámara baja, Marrero recalcó que el gobernador Pedro Pierluisi favorece la idea de mantenerlo al mando de Aafaf en tanto se completa el proceso de reestructuración de la deuda pública. Sin embargo, a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, Marrero no fue categórico sobre el momento específico en que podría dar por concluida su función en la entidad que sirve como agente fiscal del gobierno, e incluso dejó abierta la posibilidad de quedarse en la posición hasta el final del cuatrienio.
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“Eso lo he discutido con el gobernador y con distintos compañeros. El proceso de reestructuración de la deuda, tanto del gobierno central como de otras corporaciones públicas, ya está en unas etapas bastante adelantadas. No quisiéramos que ese progreso que se ha tenido se descarrile y pueda afectar lo que es la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Si algo le puedo asegurar es que desde el momento en que ingresé a Aafaf en agosto de 2019 esa ha sido la meta, terminar con la Junta de Supervisión Fiscal, terminar la quiebra y recuperar la autonomía fiscal. Entendemos, incluyéndome, que cualquier cambio en la jefatura de Aafaf pudiese incidir en lo que sería ese proceso y, segundo, en el desembolso de los fondos federales por el Covid-19”, expresó Marrero en la vista.
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Ante la insistencia de Ortiz, Marrero desechó la premisa de que sería “peligroso” la concentración del poder en su figura, argumentando que se ampliaría la “capacidad de ejecución” del aparato gubernamental y recordando que, en el pasado, otros secretarios de Estado han ostentado múltiples sombreros simultáneamente.
Más adelante, a preguntas de José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Marrero rechazó que al ocupar la jefatura del Departamento de Estado y de Aafaf simultáneamente se viera comprometida la independencia administrativa que, por ley, se le requiere a esta última entidad.
En un aparte con la prensa tras terminar su turno inicial de preguntas, que se extendió por más de una hora, Ortiz subrayó que la decisión de favorecer o rechazar la nominación de Marrero se dejará a la discreción individual de cada legislador, pero señaló varias objeciones que tenía con el funcionario y las respuestas que brindó en la vista.
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“Me preocupa, y el hecho de que sea gobernador interino, secretario de Estado y, además, director de Aafaf a la misma vez, sin duda concentra un poder en esa figura que a mí no me gusta. Sin duda es una determinación del gobernador al final del camino, pero me parece que es una concentración de poder demasiado amplia, dado el hecho de que a Aafaf en los últimos años se le han dado poderes adicionales a los que tenía cuando se crea esa agencia”, dijo el representante popular.
Durante la vista, Ortiz inquirió precisamente sobre la postura de Marrero ante los poderes que, durante la emergencia fiscal, se ha agenciado la rama ejecutiva para la administración del presupuesto, elemento que ha sido un punto de tensión en lo que va de año entre el gobernador y los líderes legislativos, particularmente el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.
Aunque Marrero respondió que favorece que, una vez culmine la “emergencia fiscal”, la Asamblea Legislativa recupere ciertos poderes, Ortiz quedó inconforme con el nominado.
“Yo creo que no fue claro en esa contestación y va a ser uno de los elementos que vamos a incluir en ese informe. Más allá de ser una causa de quien sea, es parte de nuestro andamiaje constitucional, la Cámara y el Senado tienen unas facultades constitucionales que, lamentablemente la (Legislatura) pasada las entregó. Y esa fue una de las contestaciones que no fue claro sobre su posición”, sostuvo el presidente de la comisión, al indicar que desconoce si Marrero, en este momento, tendría los 26 votos que necesitaría para su confirmación cameral.
De acuerdo con Ortiz, es “probable” que, como presidente de la Comisión de Gobierno, someta al pleno un informe que no incluya una recomendación positiva o negativa sobre la designación de Marrero, tal como ocurrió en mayo pasado cuando se consideró a Larry Seilhamer para la misma posición. Ese nombramiento fue derrotado en el hemiciclo.
“Yo creo firmemente que los 51 legisladores tienen la posibilidad de evaluarlo. Yo como presidente de la comisión voy a informarle a cada uno de ellos lo que pasó aquí hoy. Tienen que tomar su determinación y cada cuál asuma su responsabilidad. Yo voy a asumir la mía. No lo he decidido todavía, pero es probable”, dijo sobre la posibilidad de someter un informe neutral.
Cuestionado sobre privatizaciones
En su ponencia escrita, Marrero destacó su extensa trayectoria al mando de agencias gubernamentales, una lista que comenzó con el Departamento de Asuntos de Consumidor e incluye a la Autoridad de Puertos, la Autoridad del Distrito de Convenciones, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3), la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Aafaf y, ahora, el Departamento de Estado. Marrero también sirvió como representante de la exgobernadora Wanda Vázquez ante la Junta de Control Fiscal.
Sin embargo, esa misma trayectoria fue utilizada por los representantes para cuestionar sus ejecutorias. En el caso de Ortiz, aludió a la lentitud en el desembolso de fondos federales de recuperación mientras Marrero encabezó COR 3 entre finales de 2017 y el 2020, al tiempo que el popular Luis Raúl Torres lo interrogó sobre su papel en el otorgamiento y la fiscalización del contrato a Luma Energy para operar la red eléctrica.
“Yo creo que de junio 1 al día de hoy ha habido mejoría en ciertos renglones pero todavía falta mucho más para poder decir que (Luma Energy) está cumpliendo. Lo he dicho públicamente”, manifestó Marrero, quien detalló que entre el periodo que fungió como director ejecutivo de la AAPP y ahora, como presidente de la Junta de Directores, se han completado dos “concesiones” a entes privados: la privatización del sistema energético y el traspaso del sistema de transporte marítimo a HMS Ferries, que al presente se encuentra en su fase de transición.
Torres es uno de los representantes que ha mencionado que votaría para derrotar el nombramiento de Marrero.
Sobre el tema las pensiones públicas, Marrero insistió que el gobierno combatirá un plan de ajuste de deuda que imponga recortes en ese renglón y aseguró que la administración cumplirá con la Ley para un Retiro Digno mientras esté vigente, si bien anticipó que la jueza que supervisa la quiebra del gobierno, Laura Taylor Swain, anulará el estatuto por ser contrario a la Ley Promesa.
