De cara al cierre del año fiscal federal y las discusiones presupuestarias en el Congreso, la comisionada residente Jenniffer González consideró que el paquete de asignaciones de Medicaid a Puerto Rico por al menos cuatro años no debe tener problemas para aprobarse, pero reconoció que legislar la paridad en términos del llamado Ingreso Social Suplementario (SSI) enfrenta un camino más complicado.
Según González, los esfuerzos de su oficina legislativa en las últimas semanas del año fiscal federal –que concluye el 30 de septiembre– se concentrarán en esas dos medidas, que tendrían un impacto combinado de sobre $5,000 millones anuales en Puerto Rico, así como en impulsar la incorporación de la isla al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que participan los estados y algunos territorios, en lugar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) vigente.
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“Medicaid yo entiendo que debe bajar en un proyecto de resolución continua porque no puedes dejar sin salud a 3.2 millones de ciudadanos en Puerto Rico”, subrayó la comisionada residente, quien aludió al acuerdo bipartita alcanzado hace unos meses, mediante el cual Puerto Rico recibiría asignaciones cercanas a $15,000 millones por un periodo de entre cuatro y cinco años.
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Aunque una potencial aprobación de fondos por cuatro años significaría que Puerto Rico tendría que volver a cabildear en 2025, González sostuvo que ello representaría una asignación anual promedio más elevada. En los años fiscales 2020 y 2021, Puerto Rico recibió asignaciones anuales de cerca de $2,700 millones.
“El más cuesta arriba es SSI”, dijo González sobre la paridad que se busca en el programa que atiende a la población que, por alguna condición de salud, está incapacitada para generar ingresos por su cuenta. Al presente, el acceso al SSI para los residentes de Puerto Rico se encuentra bajo la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ante las impugnaciones que ha hecho el gobierno federal a las sentencias del Tribunal de Distrito y el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
Tanto el foro primario como el intermedio concluyeron que es discriminatorio bloquear el acceso de los residentes de Puerto Rico al beneficio, mientras que el gobierno estadounidense plantea que la ley actual debe sostenerse debido, en gran medida, a que la mayor parte de los puertorriqueños no rinden planillas federales.
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De acuerdo con la comisionada González, el impacto de que Puerto Rico tuviera pleno acceso al SSI, ya fuera por la vía legislativa o judicial, ascendería a $2,500 millones anuales.
Esfuerzo para conseguir acceso al SNAP
En la rueda de prensa que celebró en su oficina en Puerto Rico, González se mostró optimista sobre las posibilidades de que el Congreso legisle a favor de que la isla sea incluida en el programa de SNAP, lo cual tendría como resultado que más familias recibieran el beneficio, pero, sobre todo, que los participantes actuales tengan acceso a una asignación mensual mayor.
Según la comisionada, al presente un participante individual del PAN recibe un máximo de $112, mientras que bajo SNAP la cifra puede ascender a $234 mensuales. En el caso de una familia de dos personas, la diferencia entre los beneficios es de $216 y $430, mientras que para una familia de tres sería de $315 con el PAN y $616 con SNAP.
Actualmente, Puerto Rico recibe una asignación en bloque de $2,000 millones en PAN, cantidad que González, a base de las fórmulas del Departamento de Agricultura federal, entiende se duplicaría bajo SNAP. Al momento, unas 868,000 familias acceden al PAN, a base de los topes que ha establecido el gobierno de Puerto Rico para acomodar la mayor cantidad posible de participantes.
“La gran diferencia es que el programa SNAP viene por fórmula, si usted tiene tantos medios económicos, viene automático una cantidad. En el (PAN) se le da al estado un pote y el gobierno de Puerto Rico lo distribuye. Ni siquiera se toma en consideración si hay gente con la necesidad. También tenemos el problema de que si hay un huracán, terremoto o pandemia, situaciones que se consideran emergencia, no están consideradas para recibir aumentos automáticos”, dijo González como ejemplo de otra diferencia entre el PAN y el SNAP.
Aunque González señaló que en cada uno de sus términos congresionales como comisionada residente ha presentado proyectos para lograr que Puerto Rico acceda al SNAP, aseguró que en esta ocasión las posibilidades son mayores debido a que la legislación cuenta con el respaldo del presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern, y la presidenta del Subcomité de Nutrición de la Comisión de Agricultura, Jayana Hayes.
“Tener al presidente del Comité de Reglas de la Cámara es bien poderoso. (McGovern) está no solo entrega’o al proyecto, está empujándolo también”, aseguró la funcionaria.
González sostuvo que ha impulsado la inclusión de sus iniciativas tanto en las medidas de resolución continua de presupuesto como en los proyectos que trabajan los distintos comités congresionales y que, al final, se consolidan como parte de la llamada reconciliación de presupuesto que. Contrario a la resolución de continuidad, el proyecto de reconciliación tiene vigencia para todo el año fiscal federal.
Bajo el mecanismo de reconciliación, las medidas solo requieren 51 votos para aprobarse en el Senado federal, en lugar de los 60 que típicamente necesitan los proyectos de ley.
Sobre la posibilidad de legislar un crédito contributivo federal para Puerto Rico, González manifestó que respaldará alternativas que estén atadas a la creación de empleos nuevos, y no solo a subsidiar puestos de trabajo ya existentes.
