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La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) publicó hoy una investigación que devela una serie de irregularidades en las que pudo haber incurrido personal del Departamento de Salud en la adquisición de un sistema de registro de asistencia y en la contratación de servicios.
De acuerdo con un comunicado de prensa, se trata del segundo informe que emite este organismo gubernamental en colaboración con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG, por sus siglas en inglés).
La investigación se centró en atender posibles irregularidades en proceso de adquisición de sistema de registro de asistencia para los empleados del DS.
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Según la comunicación, la OIG evaluó la posibilidad de filtración de datos o información que pudo haber favorecido a un contratista en un proceso de subasta por tener acceso a información privilegiada previo a la celebración de la misma e implementación del proyecto.
La investigación cubrió en el periodo del 14 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de 2020. De acuerdo a su necesidad, la OIG evaluó transacciones y documentos de fechas anteriores y posteriores.
Otro de los hallazgos de la investigación, refleja posibles irregularidades en la contratación de servicios a través de una compañía de reclutamiento.
De acuerdo a los documentos evaluados, el DS podría haber incurrido en gastos que sobrepasan los $140,000, por concepto del salario pagado a una persona que fungió como Gerente de Proyecto, para el aludido proyecto de adquisición de sistema de registro de asistencias.
Se desprende que, funcionarios en el DS pudieron intervenir indebidamente impartiendo instrucciones a la compañía de reclutamiento para lograr la contratación del recurso, conforme con sus intereses particulares, aún cuando la persona no tenía experiencia, ni preparación académica para ocupar el puesto de Gerente de Proyecto.
De otra parte, la OIG planteó que se identificó la posibilidad de pérdida de fondos públicos ante la inversión realizada por el DS en un proyecto inconcluso. A abril de 2020, señalaron que el proyecto del nuevo sistema de registro de asistencia se encontraba sin culminar y la instalación de los ponchadores no había sido completada por el DS. Añadieron que la oficina de informática del DS no había realizado todas las instalaciones con las conexiones eléctricas y de comunicaciones necesarias a la red interna.
La División de Querellas e Investigaciones de la OIG requerirá al DS un plan de acción correctiva para solicitar la culminación del proyecto, que evalúe las acciones realizadas por los empleados que intervinieron en el proceso de subasta del proyecto y la contratación del gerente de proyecto y proceda con las acciones disciplinarias que correspondan, entre otras acciones requeridas.
Además, indicaron que se realizaron los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen las posibles infracciones legales y tomen las determinaciones correspondientes.
