La organización Ayuda Legal exigió mayor rapidez en los procesos de reconstrucción de viviendas de miles de familias puertorriqueñas que sufrieron daños tras el paso de los huracanes Irma y María hace cuatro años.
En un informe titulado “Hacia una Recuperación Justa”, la entidad enumeró los obstáculos que aún enfrentan los programas de asistencia de viviendas para los ciudadanos tras el embate de estos fenómenos atmosféricos. Asimismo, instó al Departamento de la Vivienda, encargado de reparar estos hogares, a que agilice la adjudicación de las solicitudes de reparación de viviendas bajo el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3).
El pasado miércoles, el secretario del DV, William Rodríguez, admitió que, a casi cuatro años del paso de ambos ciclones, la agencia tan solo ha completado la reconstrucción de unos 1,700 hogares de más de 20,000 solicitudes. El funcionario, a su vez, planteó que para finales de año, la agencia espera culminar labores de reconstrucción en unos 3,000 hogares.
“Las crisis no afectan a todas las personas por igual. Los grupos históricamente vulnerados como mujeres, personas adultas mayores y personas con diversidad funcional sufren el impacto de los desastres de manera más directa y experimentan un proceso de recuperación más lento que otros sectores demográficos”, reza la tercera edición del informe de la organización publicado ayer. En su informe, la organización señala que solo 1,175 casas han sido reconstruidas y otras 121 han sido reparadas. Sin embargo, según la entidad, la agencia no ha realizado reubicaciones bajo dicho programa.
De acuerdo con cifras provistas por la propia agencia, al 21 de julio, la organización identificó que el 66% de las personas solicitantes fueron mujeres de 27,004 solicitudes al programa de R3. Asimismo, de este grupo de personas, unas 12,009 personas se identificaron como personas con diversidad funcional. Mientras que un 58% de los solicitantes figura entre el grupo de adultos mayores.
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El programa de R3 cuenta con alrededor de $3,200 millones para la reconstrucción y reparación de estos hogares.
Asimismo, la organización denunció que aún unos 15,000 a 18,000 hogares continuan bajo toldos azules pese a que, el año pasado, la entonces gobernadora Wanda Vázquez aseguró que menos de 3,000 personas vivían bajo estos techos temporeros. Incluso, el informe de Ayuda Legal detalla que la cifra de 15,000 a 18,000 hogares bajo toldos azules surge del propio DV en su Plan de Acción para fondos CDBG-DR publicado en abril de 2021.
“El gobierno falló y continúa fallando en su obligación de proteger el derecho a la vivienda digna de las personas sobrevivientes. La falta de techos seguros responde al incumplimiento en proveer asistencia oportuna, a propiciar inseguridad en la tenencia, a implementar requisitos onerosos para las sobrevivientes dueñas de préstamos hipotecarios y personas sin una titularidad formal sobre su propiedad y a ignorar el reclamo por acción efectiva para minimizar los desplazamientos forzosos”, reza el informe.
La organización también exigió que se eliminen los requisitos de titularidad “como una condición para obtener asistencia tras desastres”. Actualmente, bajo el programa de R3, la agencia no requiere que las personas tengan un título de propiedad en las opciones de reparación o reconstrucción de hogares. Sin embargo, si se tratara de un caso de reubicación, la agencia requiere a la persona titularidad formal sobre la propiedad.
“El Departamento [de la Vivienda] sostiene que es imposible jurídicamente que una persona sea reubicada sin entregar a cambio la titularidad ’perfeccionada’ de su vivienda”, lee el informe. Ante esto, la organización subrayó que existen mecanismos alternos para comprobar prueba de titularidad como las inspecciones periódicas por personal gubernamental y la reubicación mientras se continúa el proceso formal de legalizar el título de propiedad.
La entidad, asimismo, exigió que la agencia debe contestar el 100% de las solicitudes presentadas por las personas. También recomendó que el gobierno debe revisar los “obstáculos que privan a las familias sobrevivientes de acceso a los fondos de recuperación. La difusión adecuada de los programas, el establecimiento de procesos de solicitud claros y sencillos, así como la revisión de las guías para garantizar criterios de elegibilidad posibles, coherencia y efectividad son componentes mínimos de este proceso”.
Mientras tanto, la organización también instó al DV a reconsiderar su postura en torno a la prohibición de reconstrucción en zonas inundables sin considerar la mitigación, la insistencia de los títulos de propiedad y en la “solución” de los gravámenes debido a que provocaría el “desplazamiento de personas empobrecidas”. Asimismo, exigió que se adopten mecanismos de fiscalización para cotejar que el dinero público se esté manejando de forma adecuada.