Si bien la figura del mandatario no interviene en los trámites relacionados a enmiendas constitucionales, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo hoy que ve con buenos ojos varias propuestas impulsadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, al tiempo que se opone de plano a otras, como el referéndum revocatorio contra un primer ejecutivo o que la ciudadanía elija directamente al secretario de Estado.
Pierluisi, en conferencia de prensa, se mostró a favor de limitar a dos términos el periodo máximo que una persona puede permanecer como gobernador.
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“Limitar el término para la gobernación a ocho años me parece algo razonable. Pienso que ocho años es tiempo suficiente para cualquier gobernador o gobernadora cumplir con la promesa de obra, para hacer la obra que haya prometido al pueblo”, subrayó a preguntas de la prensa.
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Pese a su postura sobre la limitación a los términos del primer ejecutivo, Pierluisi fue más ambiguo sobre posibles restricciones similares a otros cargos, como alcaldías o escaños legislativos.
En una carta que Hernández sometió al representante José “Conny” Varela, presidente de la comisión que atiende posibles enmiendas constitucionales en el cuerpo, el líder cameral sugirió limitar a 12 años el término máximo de los legisladores y a 16 el de los alcaldes, de acuerdo con el periódico El Vocero.
“Pienso que eso se debe discutir detenidamente, debe haber un proceso de vistas públicas para conocer el sentir de expertos en el área de administración pública, así como los propios legisladores, alcaldes y alcaldesas. Yo no voy a adelantar criterio ahí, meramente (solicitar) que eso se considere detenidamente y, en su momento, si dos terceras partes de los cuerpos lo avalan, yo tendría apertura”, dijo el gobernador.
La Constitución, para ser enmendada, requiere que una resolución concurrente a esos fines sea avalada por dos terceras partes de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes y que posteriormente, al ser llevado a referéndum, una mayoría simple del electorado la favorezca. Las resoluciones concurrentes no requieren de la firma del gobernador, pero el Partido Nuevo Progresista (PNP), que Pierluisi preside, tiene suficientes votos para bloquear cualquier iniciativa de enmienda constitucional.
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En la Cámara de Representantes se necesitarían 34 votos para llevar adelante una enmienda constitucional y el PNP controla 21 de los 51 escaños. En el Senado, donde el PNP tiene 10 de los 27 escaños, hacen falta 18 votos para enmendar la Carta Magna.
Rechazo al referéndum revocatorio
Al oponerse a la posibilidad del referéndum revocatorio, Pierluisi, electo con un 33% de los votos, planteó que derivaría en la “inestabilidad” del aparato gubernamental. El referéndum revocatorio es un mecanismo contemplado en otros países y estados, como California, donde la ciudadanía tiene el poder de concluir el mandato de un funcionario electo antes de que complete el término para el cual fue electo.
“Mi parecer es que la estabilidad del gobierno es muy importante y que ese tipo de referéndum revocatorio lo que puede causar es inestabilidad y no queremos eso en Puerto Rico. Tenemos elecciones cada cuatro años, me parece que eso es un término de tiempo razonable para poner y quitar funcionarios electos en Puerto Rico de acuerdo al sentir del pueblo”, opinó el gobernador, quien tampoco se mostró a favor de alterar el modelo actual para que los legisladores sean escogidos en elecciones separadas a la del primer ejecutivo.
La propuesta de Hernández es que las elecciones legislativas se celebren a dos años de las elecciones para la gobernación.
“Tener también elecciones cada dos años, me parece que no. Sería un gasto adicional (y) los funcionarios electos estaríamos en campaña constantemente y no creo que ese es el sentir del pueblo”, dijo Pierluisi.
En cuanto a la posibilidad de que el jefe del Departamento de Estado –quien por virtud constitucional es también el primero en la línea de sucesión a la gobernación– pase a ser una figura electa, Pierluisi arguyó que lo “importante” es que tanto el ejecutivo como el legislativo ejerzan su “deber ministerial” y nominen y confirmen a alguien “capacitado”.
Al presente, ambos cuerpos tienen ante su consideración la designación de Omar Marrero como secretario de Estado, luego de que en la pasada sesión la Cámara baja le votara en contra a Larry Seilhamer para el mismo cargo.
Sobre la idea de uniformar los salarios de los jefes de las tres ramas gubernamentales –gobernador, presidentes legislativos y juez presidente del Tribunal Supremo–, Pierluisi mencionó que cualquier ajuste podría fijarse mediante ley. En el caso del sueldo del primer ejecutivo, cualquier aumento legislado entraría en vigor durante el cuatrienio siguiente a la firma de la ley.
De otra parte, el gobernador dijo que le parece bien que, antes de realizar nominaciones judiciales, una comisión evaluadora nombrada por el Tribunal Supremo determine si el candidato cuenta con las calificaciones adecuadas para el cargo.
