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CPI vuelve a demandar a Salud y el Registro Demográfico por información pública

Los periodistas acudieron nuevamente al tribunal para que se haga público el Registro de Vacunación del COVID-19 y la base de datos de causas de muerte.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este lunes, mediante una petición de mandamus contra el Departamento de Salud, el Registro de Vacunación actualizado y la Base de Datos de Causas de Muerte. Ambos son documentos por los que el CPI ya ha demandado en el pasado y que los tribunales han reiterado que son documentos públicos.

En el caso de la Base de Datos de Causas de Muerte, el CPI ha ido cinco veces al tribunal en la pasada década para lograr acceso al documento.

La demanda es contra el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, que son las agencias que producen los datos. Ambos documentos han sido solicitados por múltiples vías desde el 19 de julio por las periodistas del CPI, Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, mediante la directora de Comunicaciones del DS, Lisdián Acevedo, sin que se haya producido la entrega de los mismos. Ambas enviaron múltiples mensajes de texto, emails e hicieron llamadas, sin que hubiera siquiera respuesta a sus mensajes para obtener la información.

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“La falta de atención de los funcionarios del Departamento de Salud a estas solicitudes es pura irresponsabilidad y parte de una cultura que ya se ha venido observando de no dar la información a la prensa y al público de forma oportuna y transparente. Estos funcionarios están obligados a proveer todo documento público solicitado, y saben bien que ambos documentos cumplen con la definición de documento público porque ya los tribunales se lo han dicho reiteradamente. La gente merece que se puedan analizar estos datos de forma independiente; ese es el trabajo de la prensa. No hay de otra que volver al tribunal, nuevamente”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Los representantes legales del CPI son Luis José Torres Asensio y Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

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