Durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot condenaron que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) emitiera una certificación de incumplimiento contra el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Durante la audiencia realizada ayer, se atendió la Resolución del Senado 104, que ordena una investigación en relación a la implementación de la Ley 32-2020, que pretendía proteger los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1, evitar incumplimiento con leyes federales y proteger la vida y seguridad de los individuos, así como para otros fines.
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Neumann condenó el que agencias del estado brinden certificaciones de incumplimiento al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 (NSE911). “Y aquí tenemos agencias locales que están dando certificaciones negativas porque esta agencia completamente autónoma, en términos económicos no cumple con un Plan Fiscal. Una agencia que no le pide un centavo a nadie. Una agencia que le sobra el dinero de sus recaudos. Que es un caso único en el Gobierno de P.R”, insistió el legislador.
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Por su parte, para el senador independiente José Vargas Vidot, es “lamentable” que se tenga que defender un sistema de enemigos internos y no externos. “La vista (pública) nuestra no es de carácter protocolar. Queremos que esto sea un conversatorio genuino. Este es un caso sin precedentes, en lugar de defendernos de un enemigo externo nos estamos defendiendo de un enemigo interno”, sentenció Vargas Vidot ante la certificación negativa de la propia (AAFAF).
Según explicó Manuel González, Comisionado del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 (NSE911), la Ley 32 tiene la intención de garantizar que el uso de los cargos 9-1-1 se utilicen conforme a la regulación federal vigente. “La referida ley es cónsona con la regulación federal y garantiza la autonomía fiscal del NSE911 mediante la prohibición del uso de dichos cargos para propósitos no relacionados a la administración y operación del NSE911”, estableció el funcionario.
Asimismo, dijo que, a pesar de lo anterior, el NSE911 no ha puesto en vigor el cumplimiento de la referida legislación, ya que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostiene que la Ley 32-2020 es contraria al Plan Fiscal según aprobado.
“Esta posición de la Junta se conoció luego de la aprobación de dicha ley en un comunicado a la AAFAF. Sin embargo, en comunicaciones previas, la propia Junta reconoció que el NSE911 tendría garantías de que el uso de sus fondos seria de acuerdo con la legislación federal, y que el NSE911 no estaría sujeto a las medidas de austeridad impuestas en el Plan Fiscal”, indicó González.
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Posteriormente, según dijo el Comisionado, la Junta indicó que no aprueba la implementación de la ley, ya que alega que la Sección 3 es inconsistente con el Plan Fiscal por aumentar en aproximadamente a $450,000 anuales la partida de gastos.
“Conforme hemos presentado, existe contradicción por parte de la JSF que no logramos comprender, ya que entendemos que actúan en contra de sus propios actos. Así las cosas, ante dichas contradicciones, el Negociado no está en posición fundamentada para opinar sobre la corrección o no de la certificación emitida por la AAFAF, ya que desconocemos el verdadero alcance del Plan Fiscal sobre los recaudos de los cargos 9-1-1, dado que la posición de la Junta ha sido inconsistente. Por un lado, reconoce que no es parte del Plan Fiscal, y por el otro lado, nos impone medidas del Plan Fiscal”, condenó González.
Por su parte, Hecrian Martínez, Subdirector de Asuntos Legales de la AAFAF explicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Negociado estimaron que la Ley 32 incrementaría los gastos de la agencia por $449,200.00. Ante esa situación, el Gobierno concluyó que esto era inconsistente con el Plan Fiscal debido a que los fondos necesarios para implementar dicha Sección 3 de la Ley, no estaban contemplados en el Plan Fiscal y tampoco en el Presupuesto certificado.
En la vista pública comparecieron otras agencias del gobierno, como el Departamento de Seguridad Pública y la Oficina del Contralor.
