La auditoría que completó la Junta de Planificación identificó ocho hallazgos que derivaban en incumplimiento con relación a los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a los titulares del condominio Sol y Playa, en Rincón, para la construcción de un área recreativa en la playa Los Almendros, que además de encontrarse en la zona marítimo terrestre, es un espacio de anidaje de tortugas marinas como los careyes y tinglares.
De acuerdo con la resolución que emitió la Junta de Planificación, su Oficina de Auditoría concluyó, en primer lugar, que el proyecto no cumplía con los parámetros existentes en 2019 para recibir la llamada exclusión categórica, que exime a un proponente de presentar una declaración de impacto ambiental.
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De otra parte, el proyecto, que según la resolución de la Junta de Planificación incluye la construcción de una piscina principal, una piscina de niños, un jacuzzi, dos gazebos, una estructura dedicada a baños, duchas, aceras y rampas, tampoco cumple con las zonas de separación fijadas por el Reglamento Conjunto de Permisos. La resolución especifica que la consulta de ubicación para la construcción del condominio, en 1995, “requirió cumplimiento con las disposiciones del Reglamento 17 relacionadas a las zonas de separación vigente para ese entonces”.
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La auditoría puntualizó, además, que las obras que se proponían eran distintas a las que se aprobaron como parte de los planos de la construcción original en el condominio. Por lo tanto, se concluyó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) nunca endosó “la construcción de las facilidades propuestas de piscinas, gazebos, baños, aceras, rampas e instalación de geotubos. De acuerdo con la auditoría, según recoge la resolución, los permisos de OGPe estaban sujetos a que las obras fueran “las mismas” que se habían autorizado previamente.
Por otro lado, el proyecto tampoco cumple con las disposiciones de la Ley de Puertos de 1880 ni la Ley 135-1967, conocida como la Ley de Certificación de Planos, que requiere recomendaciones de la Junta de Planificación, el DRNA, Departamento de Salud, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Compañía de Turismo.
La auditoría atribuyó el incumplimiento con la Ley 135 al proyectista Enrique Santiago Arroyo, quien fue referido a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores para posibles acciones disciplinarias.
La OGPe, en tanto, recibió un señalamiento en la auditoría, que sostuvo que la agencia aprobó la solicitud de permiso “sin contar con los documentos mínimos requeridos para el trámite según establecidos” en el Reglamento Conjunto. Esa falla, indica la resolución, es insubsanable porque la Ley 161-2009 dispone que no se puede “requerir información adicional” luego de completada una solicitud.
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Finalmente, la auditoría planteó que el proyecto en el condominio incumplió con el Reglamento de Planificación Número 1 sobre Áreas Especiales de Riesgo e Inundación, así como con las disposiciones del Reglamento Conjunto “sobre la presentación de documentos”.
Metro solicitó a la oficina de prensa de la Junta de Planificación copia del informe final de auditoría, pero al momento de publicación no se había suministrado.
Basado en la auditoría, la junta, presidida por Manuel Hidalgo Rivera, ordenó un cese y desista del proyecto y solicitó a la división legal de la agencia que comenzara el trámite judicial para la revocación del permiso de construcción que ostentan los titulares del condominio Sol y Playa.
Ya la Junta de Directores del condominio anunció que procederían legalmente para revertir el cese y desista, aduciendo que “ni siquiera hemos tenido la oportunidad a un debido proceso de ley para demostrar la legalidad de nuestros permisos”.
Desde mediados de mayo, la playa Los Almendros ha sido escenario de protestas ciudadanas contra la obra, que además incluye un muro de contención que ya se comenzó a construir y que ubica a escasos metros de la orilla del mar. Como consecuencia de las protestas a las que se han asignado decenas de oficiales de la Policía, se ha arrestado a múltiples manifestantes, incluyendo a Eliezer Molina, excandidato independiente a la gobernación y quien lideró el llamado público contra el desarrollo en la zona marítimo terrestre.
Este viernes, el DRNA tiene previsto celebrar una vista administrativa en la que atenderá la impugnación del deslinde en la zona bajo el cual las autoridades aprobaron los permisos para el proyecto.
