Los alcaldes de Camuy y Quebradillas, que esta tarde se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza, vieron con buenos ojos la orden ejecutiva que brinda un mandato para que los empleados del gobierno central se tengan que vacunar contra el Covid-19 para poder trabajar de forma presencial.
Asimismo, tanto Heriberto Vélez, alcalde de Quebradillas, como Gabriel Hernández, su homólogo camuyano, indicaron que se proponían emitir directrices para que los empleados municipales deban presentar evidencia de vacunación. Sin embargo, al menos en sus pueblos, la cantidad de empleados municipales es ínfima, de acuerdo con ambos alcaldes.
Hernández detalló que en Camuy, de unos 375 empleados municipales, apenas 34, o el 9%, aún no se ha inoculado contra el virus.
En el caso de Quebradillas la cifra es aún menor: de entre 230 y 240 empleados “son como 10 a 12” sin vacunar, dijo Vélez, lo que representa de un 4% a 5%.
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Ayer, el gobernador anunció la orden ejecutiva con el objetivo de que, del 16 de agosto en adelante, todo empleado de agencias públicas –lo que excluye corporaciones públicas y municipios– esté inoculado.
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De acuerdo con Pierluisi, la orden ejecutiva aplica a 90,000 empleados públicos, de los cuales estima, a partir de las tasas generales de vacunación, que se impactaría a unos 27,000 que no se habrían inoculado hasta el momento. Esa cifra representa menos de 1% de la población de Puerto Rico, por lo que el gobernador ha apuntado a que su orden busca “sentar el ejemplo” para que otras entidades públicas y patronos del sector privado igualmente requieran la vacunación a sus empleados.
A nivel general, las tasas de vacunación en Camuy y Quebradillas son significativamente más bajas de las que se registran entre los empleados municipales.
En Quebradillas, por ejemplo, el 56.5% de la población ya recibió la serie completa de vacuna, mientras que en Camuy la cifra ubica en 53.1%, de acuerdo con el informe semanal más reciente de la Coalición Científica.
A preguntas de la prensa, Hernández sostuvo que buscaría dialogar con comerciantes del pueblo con miras a que exijan la presentación de la tarjeta de vacunación a sus clientes.
“Cuando retornemos el lunes a labores el director de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico va a reunirse con ellos”, planteó el ejecutivo municipal.
A pesar de que en Puerto Rico la tasa de positividad a Covid-19 se ha disparado en las últimas semanas –rondando ya el 8% en los pasados siete días– tanto Hernández como Vélez recalcaron que la situación se mantiene bajo control en sus pueblos. Hernández mencionó que en Camuy hay unos 13 casos activos, al tiempo que Vélez habló de “un caso o dos”.
Vélez dijo que “ha habido rumores de que tenemos un brote de 17 casos, pero no es cierto”.
En pasados días se ha desatado una pugna pública entre la gerencia del Departamento de Salud y exempleados de los sistemas de rastreo municipales, que han denunciado malos tratos en la agencia, particularmente desde el nombramiento de José Becerra como principal oficial de epidemiología, a mediados de mayo. Tanto Becerra como el secretario, Carlos Mellado, han negado que se maltratara al grupo de empleados que lideró el sistema de vigilancia escolar y de análisis de datos epidemiológicos, a pesar de que varios dejaron la agencia en pasados meses.
Entre ellos, figuran las exdirectoras del Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de Contactos, Fabiola Cruz y Yonaica Plaza; Wilmarí de Jesús, excoordinadora del sistema de vigilancia escolar; y Danilo Pérez, quien lideraba el análisis de datos recopilados por el equipo.
Buscan establecer consorcio
Para su reunión con Pierluisi, los alcaldes mencionaron que le presentarían la posibilidad de establecer un consorcio entre los municipios vecinos para poder solicitar fondos de subvenciones en bloque para desarrollo comunitario (CDBG) directamente al Departamento de Vivienda federal. Los municipios como Camuy y Quebradillas, con menos de 50,000 habitantes reciben ese dinero –así como su versión de CDBG-DR (para atender desastres)– a través del gobierno estatal.
“A través de un consorcio, (podríamos) ser una unión para tener sobre 50,000 habitantes y la unión provocaría que nosotros administráramos esos fondos”, planteó Hernández.