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De cara al proceso judicial en torno a la confirmación del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, la Junta de Control Fiscal (JCF) alcanzó hoy un acuerdo con otro grupo de acreedores para reestructurar una porción de la deuda del país mientras el gobierno de Puerto Rico cuestionó las posibilidades de que se confirme un plan de ajuste que contenga recortes a las pensiones.
Así lo anunció hoy el abogado del ente fiscal Brian Rosen durante la primera audiencia judicial ante la jueza federal Laura Taylor Swain en donde se discutió la Declaración Informativa [disclosure statement], que deberá ser acogida por la togada antes de pasar a la votación del plan de ajuste de la deuda. Ayer en la noche, la Junta presentó una quinta versión del plan de ajuste para reestructurar unos $35,000 millones de la deuda del gobierno central y su correspondiente declaración informativa.
“Como sabe, ayer sometimos un quinto plan de ajuste enmendado y su correspondiente declaración informativa. Nosotros continuamos la mediación con la jueza federal Barbara Houser y pudimos alcanzar un acuerdo con el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés)”, indicó. Mientras que la abogada de la empresa Ambac, Atara Miller, planteó que hoy continuarán “activamente negociando” con la Junta, por lo que solicitaron tiempo adicional para presentar sus observaciones en torno a la Declaración Informativa del plan de ajuste.
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Swain presidió hoy la primera vista en torno a la Declaración Informativa, el cual contiene los términos y condiciones del plan de ajuste que permita a acreedores y bonistas a ejercer su voto. La segunda parte de la audiencia continuará mañana a las 9:30 a.m. En la vista de mañana se espera que el ente fiscal se exprese en torno a las objeciones que presentaron hoy más de 15 entidades e individuos. De aprobarse la Declaración Informativa mañana, la jueza Swain presentará varias fechas en donde se celebrarán las votaciones en torno a dicho plan de ajuste.
Las enmiendas al acuerdo, según explicó Rosen, contiene un aumento al pago que recibirán los acreedores no asegurados —que incluye a proveedores de servicios y suplidores— de $125 millones a $575 millones.
Sin embargo, pese al acuerdo con este grupo de acreedores, la Junta podría encarar otro enfrentamiento con el gobierno de Puerto Rico debido a cuestionamientos sobre si necesitan el aval de la Legislatura para ejecutar el plan de ajuste de la deuda y emitir nuevos bonos.
“Debido a que la Junta insiste en ejecutar recortes a las pensiones como parte del plan de ajuste, aún permanece un gran riesgo de que una legislación significativa no sea presentada”, dijo el abogado John Rapisardi, quien representa a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
Rapisardi, además, objetó los planteamientos de la Junta de que la Ley Promesa les permite evitar buscar la autorización de la Legislatura de Puerto Rico para emitir nuevos bonos tras la confirmación del plan de ajuste de la deuda. El letrado argumentó que la Junta pretende extralimitarse en los poderes que otorga la Ley Promesa y que busca circunvalar los poderes de la Legislatura. Rapisardi recordó que el plan de ajuste de la deuda de Cofina contó con el cedazo legislativo antes de su ejecución. Agregó que, aunque estas objeciones pueden ser atendidas durante las vistas sobre la confirmación del plan de ajuste, el Tribunal debe hacer constar en la Declaración Informativa que aún existen dudas en torno a la emisión de nuevos bonos. “¿Qué tipo de bonos se pueden emitir sin legislación?”, cuestionó Rapisardi.
El abogado también alertó que, de no concretarse una legislación que permita la reestructuración de la deuda, los acreedores que formaron parte del acuerdo podrían retirarse y reclamar hasta $100 millones por la terminación del pacto.
Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la mayoría de los senadores y representantes en la Legislatura se oponen a la aprobación de un plan de ajuste de deuda que contenga recortes a las pensiones de empleados públicos.
No obstante, el acuerdo alcanzado entre los acreedores no asegurados y la Junta, otros grupo de acreedores y bonistas objetaron la Declaración Informativa presentada por la Junta. Un ejemplo de estos fueron los acreedores de la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento (DRA, por sus siglas en inglés), quienes plantearon que el plan de ajuste de la deuda no es “confirmable”. De acuerdo con el abogado Douglas Mintz, la Junta intenta incluir en el plan de ajuste disposiciones referentes a la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) sin haber presentado un plan de ajuste de la deuda de dicha corporación pública.
Otros acreedores como PFZ Properties y Finca Matilde se opusieron al plan de ajuste de la deuda ya que alegaron que el documento contiene disposiciones en torno a las reclamaciones de ’dominio eminente’ podrían permitir expropiación del estado [taking] sin justa compensación, lo que implica que estarían violentando la Constitución.
Incluso, un grupo de organizaciones se manifestaron hoy en contra del plan de ajuste de la deuda que podría ser aprobado a finales de este año. Durante la vista de hoy, ciudadanos como Nancy Negrón López, una policía retirada, planteó ante la jueza Swain que la Junta debe identificar otras maneras para pagarle a los acreedores que no implique el recorte de pensiones a empleados públicos. “Les pido que busquen otras maneras para pagarle a los acreedores e inversionistas, quienes tienen derecho a obtener ganancias, pero no puede ser a costas del pueblo, quienes no fueron corruptos”, dijo la también exmilitar.
