El gobernador Pedro Pierluisi presentó hoy dos proyectos de ley como alternativa a la Ley 7-2021. Según dijo, en busca de presentar una solución ante la demanda presentada por la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre los recortes a las pensiones.
“Presento estas medidas como una solución al impase actual. Que la Junta insista de su parte en los recortes a las pensiones y en no brindar un retiro justo, a lo único que llevará es a un tranque en la reestructuración, que todos queremos, de la deuda. Por otro lado, mi exhortación a toda la comunidad de servidores públicos de Puerto Rico es que estas alternativas que presento hoy son mucho mejor a lo que la Junta propone y es una solución realista ante la quiebra del gobierno”, sostuvo el gobernador.
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“Ley de Cero Recorte a las Pensiones”
Uno de los proyectos de ley llamado “Ley de Cero Recorte a las Pensiones”, establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que no se reducirán las pensiones por medio del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta ante el Tribunal de Título III.
El mismo propone a la JCF que, en lugar de tratar las obligaciones de pensiones dentro del marco del Plan de Ajuste, se aborden a través del proceso presupuestario y el plan fiscal establecido por el Título II de la Ley PROMESA. A esos fines, propuso enmendar la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad sobre otros desembolsos de fondos públicos, cuando los recursos disponibles no sean suficientes para las asignaciones presupuestadas de ese año. Según dijo, respetando la prioridad de pago de la deuda pública.
Este proyecto tendrá un impacto fiscal de $1,500 millones por los próximos 20 años.
“Básicamente le estamos diciendo a la Junta, que respetamos la prioridad de pago que tendrá la deuda reestructurada en el proceso de quiebra, y que las pensiones vendrían por encima de las demás prioridades, elevando la prelación de pago a las pensiones como política pública”, explicó el gobernador Pierluisi.
“Ley para Garantizar el Derecho a una Pensión Justa”
Asimismo, el gobernador presentó una segunda medida que propone proteger las pensiones de aquellos empleados públicos que lleven más de 30 años trabajando en el gobierno, y que entraron al servicio público antes del año 2000 con la expectativa de una pensión definida.
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La propuesta “Ley para Garantizar el Derecho a una Pensión Justa” reitera la política pública de no más recortes a las pensiones de los empleados públicos, y expone que esos empleados que hayan ingresado al Sistema de Pensiones conforme a la Ley 447 de 1951 y a la Ley Núm. 1 del 1990, tengan el derecho al pago de una pensión equivalente al 50% de su salario cuando se retiren del servicio público.
La medida establece que esas pensiones se continuarían pagando a través del mecanismo de “pay as you go” establecido en la Ley 106-2017. Aproximadamente 38 mil servidores públicos se beneficiarían de esta medida.
“El costo estimado es de poco más de $2 mil millones a lo largo de los próximos 20 años, unos $100 millones anuales. Esto es una cantidad sostenible a base de las proyecciones de recaudo que espera el gobierno, por lo que se puede solventar”, expresó Pierluisi.
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El primer ejecutivo reiteró que “los pensionados del gobierno ya han visto sus pensiones reducidas en más de 20%, lo que ha tenido un impacto negativo en la calidad de vida de esos servidores públicos. Nuestro gobierno hizo un compromiso con ellos y tenemos que hacer todo lo posible para cumplirles”.
El gobernador presentó ambas medidas como proyectos de administración y les cursó sendas cartas a los presidentes de los cuerpos legislativos informándoles de la importancia de atender la protección de las pensiones públicas a la luz de la demanda legal incoada por la Junta de Supervisión, por lo que espera que puedan atender estas medidas en la Sesión Ordinaria que comienza el próximo mes de agosto. Asimismo, dirigió otra misiva a los miembros de la Junta y a su directora ejecutiva Natalie Jaresko, en la que les notifica sobre estas medidas alternas a la Ley 7-2021 y les solicita que evalúen las mismas de forma objetiva para lograr un acuerdo que sea fiscalmente responsable y que proteja a los pensionados del gobierno de Puerto Rico.
