La Junta de Control Fiscal anunció hoy que radicó una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, en su capacidad oficial; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en su capacidad oficial como representante del Senado de Puerto Rico; y contra el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, en su capacidad oficial como representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para prohibir que se ejecute y para que se anule la Ley 7-2021.
Según explicó el ente federal en declaraciones escritas, “el gobernador aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de AAFAF, que la ley es “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021”.
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Para la Junta, quienes aprobaron el primer presupuesto balanceado en el día de ayer, la aplicación de la ley podría violar varias otras disposiciones de PROMESA, incluyendo la autonomía de la Junta de Supervisión (Sección 108(a); implementar una reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación de la Junta de Supervisión (Sección 204 (c)), y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión, (Sección 207).
“La Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado presentado el 29 de junio de 2021. La negativa del Gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la Junta de Supervisión sin otra opción que recurrir al litigio”, concluyeron.
