El ex vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Jerome Garffer enfrentará juicio por supuestamente haber violentado una orden de protección en su contra por imputaciones de violencia doméstica.
El juez Pedro Saldaña determinó hoy causa para juicio contra el exfuncionario por supuestamente haber violentado dicha orden de protección luego de que el pasado 6 de mayo este habría intentado contactar a su expareja Mari Liz Rivera por medio de la aplicación móvil de Instagram.
El juicio comenzará el próximo 11 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Al momento, Garffer permanecerá en prisión y deberá comparecer el próximo 12 de julio para la lectura de acusación y presentación de los cargos criminales.
El proceso judicial contra el exfuncionario surge tras su arresto el pasado 8 de mayo luego de que este supuestamente habría intentado contactar a su expareja por medio de la aplicación móvil de Instagram pese a que una orden de protección prohibía cualquier tipo de contacto con la víctima.
Durante la audiencia judicial, testificaron su expareja, Rivera y el policía municipal de Guaynabo Francisco Barredo, quien atendió la querella en la noche del 6 de mayo. Garffer, por su parte, compareció a la vista por medio de videoconferencia desde la prisión.
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Al finalizar los testimonio de Rivera y Barredo, el abogado de Garffer, Mario Moczó cuestionó que el exfuncionario haya sido la persona que originó la llamada. Argumentó que la víctima desconoce si en efecto Garffer le llamó ya que esta nunca contestó la llamada del 6 de mayo. Moczó planteó que la llamada pudo haberla generado cualquier persona ya que se trataba de una aplicación móvil.
“Esto es un caso donde hay una llamada perdida alegadamente, pero en los casos se tiene que identificar el vínculo del acusado con los elementos del delito. Esto es un caso que tiene que ser intencional ya que no hay violaciones a la orden [de protección] de forma negligente. Tienen que pasar prueba de probabilidad. Esa prueba está ausente ya que no pueden decir que esa llamada la generó el señor Garffer porque de la misma prueba surge que este señor tiene múltiples redes sociales y no había tenido ninguna comunicación con ella desde empezaron los casos criminales”, dijo Moczó en su exposición final ante el juez Saldaña.
Mientras que la fiscal Bárbara Santos planteó que el artículo 2.8 de la Ley 54 de Violencia Doméstica dispone que, mientras haya una orden de protección vigente, el imputado no puede tener ningún tipo de comunicación con la persona perjudicada. Violentar este artículo, según Santos, expone al imputado a que se le arreste y acuse de cometer un delito grave en tercer grado.
“En el caso ante nuestra consideración, hay una llamada que sale de la cuenta de Instagram del señor Garffer Croly. Una vez ella [Rivera] observa esa llamada perdida y, que hay vigente una orden de protección, inmediatamente ella mueve el mecanismo donde se comunica con sus abogadas y se activa a la Policía Municipal de Guaynabo”, dijo Santos ante el juez Saldaña.
“Habiendo una orden de protección en su contra, el señor Garffer debió haber bloqueado de todas sus cuentas de redes sociales a la señora Mari Liz Rivera precisamente para evitar que en circunstancias excepcionales donde pudiese haber un accidente no se reflejara una llamada a la señora perjudicada”, argumentó Santos.
“Si se le impusiera a las víctimas de violencia doméstica la carga probatoria de probar que de primera mano esa llamada que salió de la cuenta del imputado fue porque el imputado fue quien oprimió el dedo para generar esta llamada, estaríamos frustrando el espíritu de la Ley [54] y el artículo [2.8].…Fíjese, que el [artículo] 2.8 no hace distinción de probar si la persona fue quien oprimió el celular, lo que dice es evitar cualquier comunicación”, continuó.