La Alianza Pro Transparencias (APT) exigió al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que atienda en vistas públicas – y no a puerta cerras- los nombramientos de dos jefes de agencia y el ascenso al Tribunal de Apelaciones del juez Jorge Díaz Reverón.
De acuerdo con la APT no existe justificación para que la Comisión de Nombramientos del Senado haya decidido atender en vistas ejecutivas los nombramientos del juez Díaz Reverón, Enrique Volkers Nin como principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno y Mariano Mier Romeu como Comisionado de Seguros.
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“Ciertamente, hay ocasiones en as que asuntos legislativos deben ser discutidos usando el mecanismo de vista ejecutiva. Sin embargo, nos parece que este no es el caso. No existe una sola justificación para evaluar a puerta cerrada un nominado o nominada a un puesto en la Rama Ejecutiva ni Judicial. Repudiamos la determinación del presidente del Senado y exigimos que el proceso sea abierto al público”, dijo la copresidenta de la APT, Damaris Suárez.
Mientras, Luis Guardiola, copresidente de la APT expresó que “el Presidente del Senado debe abrir al público el proceso este lunes. Si decide mantener el hermetismo sin una razón válida instamos a los tres nominados a solicitarle que el diálogo con los legisladores se produzca en una vista pública, no en las penumbras de una sesión cerrada al pueblo y a los periodistas”.
La Comisión de Nombramientos del Senado recibirá a los tres nominados e una vista ejecutiva este lunes tras una decisión tomada por el presidente senatorial luego que los nominados solicitaran “hablar con los legisladores”. De ordinario, el proceso para evaluar las designaciones del Ejecutivo se realiza en vistas públicas.
“¿Qué se va hablar ahí que la ciudadanía no puede saber? Nos pregunta,os qué confianza puede generar un nombramiento público que será evaluado a puerta cerrada”, cuestionó Suárez.
Para la ATP, la vista ejecutiva debe ser utilizada como excepción y en casos en que la naturaleza del tema lo amerite ya que es un mecanismo creado por la Asamblea Legislativa. Por disposición constitucional las vistas o sesiones legislativas son públicas.
