La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compuesta por la senadora María de Lourdes Santiago y el representante, Denis Márquez Lebrón, presentó el miércoles, un conjunto de medidas que buscan, por una parte, rescatar el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar San Ildefonso (vendidas recientemente a una empresa extranjera), y por otra, fiscalizar el trabajo de las entidades gubernamentales llamadas a proteger el patrimonio edificado en el Distrito Histórico de San Juan.
“San Juan conmemora sus 500 años de fundación, el momento demanda concienciación y acciones para la protección y preservación de nuestro patrimonio nacional y cultural, sobre todo a la luz de la multiplicación de adquisiciones por personas o entidades sin aprecio visible por la conservación de estructuras y espacios tan estrechamente vinculados a nuestra identidad como Pueblo”, expresó Márquez Lebrón en comunicación escrita.
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Por su parte, la Senadora Santiago Negrón consignó que “nuestro patrimonio edificado es parte fundamental de nuestro legado. En esos espacios que hoy son amenazados, se desarrollaron personas, se crearon instituciones y ocurrieron eventos esenciales de nuestra historia, elementos que contribuyeron a nuestra identidad de Pueblo. Es responsabilidad del Estado velar porque no sean tratados como cualquier objeto de comercio.”
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La Resolución Conjunta de la Cámara 181 / Resolución Conjunta del Senado132 propone que ambos edificios sean designados “estructuras de valor histórico o artístico”, y ordena además que sean adquiridos por el Estado para garantizar su carácter de patrimonio edificado. Mientras, la Resolución de la Cámara 149/ Resolución del Senado 241 provee para que se realice una investigación sobre el cumplimiento de la Junta de Planificación y el Instituto de Cultura con las disposiciones de la Ley 3 de 1951, que les faculta para determinar qué edificios y otras estructuras deben ser protegidas por razón de su valor histórico o artístico. Este ejercicio es fundamental, pues tiene como efecto activar las disposiciones de la Ley 374 de 1949, que obliga a la preservación de las características que le merecieron esa determinación de valor histórico o artístico.
En tanto, la Resolución del 450 / Resolución del Senado 242 propone que se documente “el estado, titularidad y uso de aquellos edificios en el Distrito de San Juan que, reconocidos como tales institucionalmente o no, tengan especial valor histórico, arquitectónico o cultural”.
