Senado aprueba derogación de artículos del Código Penal que criminalizan protestas

La pieza regresa a consideración de la Cámara de Representantes, donde contó con la oposición del PNP y el Proyecto Dignidad

Por Manuel Guillama Capella

El Senado dio paso esta tarde a un proyecto de ley que enmienda nuevamente el Código Penal (Ley 146-2012) con el objetivo de derogar tres artículos que, según expone la exposición de motivos, están dirigidos a criminalizar las protestas ciudadanas.

Al aprobar con enmiendas el Proyecto de la Cámara (PC) 2, el Senado dio su aval a la intención de derogar los artículos 200, 200A y 247.

El artículo 200 clasifica como delito grave, con pena carcelaria fija de tres años, la obstrucción o paralización de obras, públicas o privadas que cuenten con permisos de construcción. El artículo 200A, en tanto, cataloga como un delito menos grave la “interferencia con actividades turísticas”, para lo cual se dispone una multa de hasta $30,000.

Por último, el artículo 247 prohíbe, al catalogar como delito menos grave, la prestación de servicios gubernamentales y la “obstrucción de acceso” a instituciones educativas y de salud.

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Los artículos 200 y 247 fueron incluidos en la versión de original de la Ley 146-2012, pero fueron derogados mediante la Ley 10-2013. Sin embargo, la administración novoprogresista restituyó los artículos a través de la Ley 27-2017.

La Ley 27-2017, en tanto, añadió igualmente el artículo 200A, que define como actividad turística “hoteles, condohoteles, paradores, agrohospedajes, clubes vacacionales, parques temáticos, parques lineales y/o de recreación pasiva, facilidades deportivas operadas por, o asociados con, un hotel, o comprendidos dentro de un destino o complejo turístico (resort), marinas turísticas, y facilidades privadas en áreas portuarias para fines turísticos”.

En la exposición de motivos de la medida, que fue presentada por la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, se enfatiza que la versión de 2012 del Código Penal se aprobó en el contexto de protestas contra proyectos de infraestructura como Vía Verde y las huelgas estudiantiles que tenían como objetivo la eliminación de la cuota de $800 en la Universidad de Puerto Rico.

“De esta forma, el estado se distanció de la solicitud de diálogo reclamada por los grupos inmersos en esta controversia, para recomendar, en su lugar, la aprobación de un estatuto centrado en desalentar las manifestaciones públicas, utilizando la amenaza de encarcelamiento. En esencia, se trata de imponer una filosofía de gobierno, contraria a las aspiraciones del país, basada en la utilización del sistema de justicia para silenciar a los sectores disidentes, una actuación centrada en suprimir el contenido de la expresión, una práctica vedada por nuestro ordenamiento”, se indica en la exposición de motivos del PC 2.

Por haber sido aprobado con enmiendas del informe, el PC 2 deberá regresar a la Cámara de Representantes, que deberá concurrir con los cambios o enviar la medida a comité de conferencia.

En la Cámara baja, el proyecto se aprobó el 6 de abril con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista y Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad.

Aprueban Carta de Derechos de los policías

De otra parte, el cuerpo legislativo aprobó igualmente la “Carta de Derechos de los Policías”, que enumera, divididos en siete categorías, los derechos y beneficios de los miembros de la Uniformada.

El Proyecto del Senado 77, del cual el expresidente senatorial Thomas Rivera Schatz fue el principal autor, desglosa los “derechos reconocidos” en el área laboral, adquisición de propiedades, educación, contribuciones sobre ingresos, contribuciones sobre la propiedad, servicios médicos hospitalarios y “otros derechos”.

Según Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad, la medida era importante ya que, en muchas ocasiones, los agentes no tienen pleno conocimiento de los beneficios y derechos a los que tienen acceso.

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