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Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena violaciones en Nicaragua

59 países instaron a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos

En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron el martes una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.

Entre ellos están los cinco aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario), Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

El también periodista Mora fue arrestado el domingo. A su detención le siguieron la noche del lunes las del cronista deportivo Miguel Mendoza y la exdiputada liberal María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), informó la policía. En tanto, el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro denunció el allanamiento de su vivienda, donde no se encontraba en ese momento.

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“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada (de Derechos Humanos Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, señaló la declaración.

El texto, que no fue firmado por los representantes de México y de Argentina, agregó que “instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.

“Instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.

México y Argentina, que se habían ofrecido como facilitadores de un posible diálogo con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y se abstuvieron de firmar la semana pasada una resolución de condena en la OEA, llamaron el lunes a consulta a sus embajadores en Managua ante lo que calificaron como “preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno sandinista.

En aparente respuesta, el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó las “medidas coercitivas e injerencias por parte de países y organismos extranjeros que persiguen desestabilizar al gobierno, lo que atenta contra la soberanía de un país”, informó el martes en Managua el portal gubernamental El 19 Digital.

“Nicaragua es un Estado libre e independiente, soberano y con autodeterminación y realmente no somos colonia de nadie, ni Estado subordinado de ninguna potencia imperial. El Estado nicaragüense actúa en base a su constitución política, a las leyes y a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad”, declaró Moncada a la televisión venezolana.

El ministro del Exterior sostuvo que los opositores arrestados en los últimos días “no son candidatos presidenciales” sino “directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea y los destinan, precisamente, para desestabilizar el país”.

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Estados Unidos celebró la firma de la declaración en la ONU mediante un mensaje en Twitter de la subsecretaria interina de Estado, Julie Chung, quien señaló que “el coro internacional que condena las acciones de Ortega y (la vicepresidenta y primera dama Rosario) Murillo crece cada día más”.

La votación en Ginebra se produjo horas después de que la organización Human Rights Watch (HRW) instara a la ONU a “incrementar presión” sobre el gobierno de Ortega para revertir la “campaña de violencia y represión” contra los opositores y asegurar elecciones libres y democráticas el 7 de noviembre.

En un informe “Arremetida contra críticos en Nicaragua”, HRW pidió a la ONU “intensificar su rol” ante la situación y recomendó invocar el artículo 99 de la Carta de esa organización internacional para que el Consejo de Seguridad trate el tema “como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad en la región”.

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