Jennifer Bridges, una enfermera titulada de Houston, se mantiene firme en su creencia de que está mal que su empleador obligue a los trabajadores de hospital como ella a vacunarse contra el COVID-19 o de lo contrario serán despedidos. Pero hasta ahora ese argumento ha sido rechazado por las cortes.
En una dolorosa derrota, un juez federal falló contundentemente el fin de semana que si a los empleados del sistema de hospitales Houston Methodist no les gusta esa norma, pueden irse a trabajar a otra parte.
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“Methodist está tratando de llevar a cabo su negocio de salvar vidas sin contagiarles el virus del COVID-19. Es una decisión tomada para mantener más seguros al personal, a los pacientes y a sus familias. Bridges tiene libertad de aceptar o rechazar una vacuna contra el COVID-19; sin embargo, si la rechaza, simplemente tendrá que trabajar en otro lado”, escribió el juez federal de distrito Lynn Hughes al sobreseer una demanda interpuesta por 117 trabajadores del sistema Houston Methodist, incluyendo a Bridges, con respecto al requisito de vacunarse.
Se cree que el fallo emitido el sábado en el sonado caso jurídico es el primero de su tipo en Estados Unidos. Pero no será el fin del debate en torno a qué tan lejos pueden ir las instituciones de salud para proteger a los pacientes y a otras personas.
Bridges, de 39 años, dijo que ella y los codemandantes llevarán su caso ante la Corte Suprema federal de ser necesario: “Este es sólo el principio. Vamos a estar luchando un buen rato”.
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Otros sistemas de hospitales en todo el país, incluyendo de Washington, D.C., Indiana, Maryland, Pensilvania y más recientemente Nueva York, han emitido una norma similar a la de Houston Methodist y también han enfrentado resistencia.
Expertos jurídicos dicen que ese tipo de requisitos para vacunarse, en especial en una crisis de salud pública, probablemente seguirán siendo respaldados en la corte siempre y cuando los empleadores proporcionen exenciones razonables, incluyendo para las personas que tienen problemas médicos subyacentes u objeciones de tipo religioso.
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Los empleados de Houston Methodist compararon su situación con los experimentos médicos efectuados a las víctimas de los campos de concentración nazis. El juez consideró que esa comparación es “censurable”, y dijo que las afirmaciones presentadas en la demanda de que las vacunas son experimentales y peligrosas son falsas.
“Esta gente no está siendo encarcelada. No está siendo amarrada. Sólo les están pidiendo que reciban la vacuna para proteger a los más vulnerables en los hospitales y en otras instalaciones de servicios de salud”, dijo Valerie Gutmann Koch, profesora de derecho adjunta en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston.
Bridges es una de 178 trabajadores de Houston Methodist que fueron suspendidos sin goce de sueldo el 8 de junio y serán despedidos si no acceden a vacunarse a más tardar el 22 del mismo mes.
El Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania —el empleador privado más grande de Filadelfia— y el sistema de hospitales Presbiterianos de Nueva York también indicaron que los empleados que no estén totalmente vacunados contra el COVID-19 perderán sus trabajos.
