La policía de Nicaragua detuvo el martes al aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga tras citarlo a rendir declaración durante más de cuatro horas, informaron fuentes oficiales y de su equipo de campaña.
Un comunicado de la policía confirmó que el líder político, precandidato por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fue arrestado en Managua y está “siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera”, entre otros supuestos delitos.
Maradiaga es el tercer aspirante opositor a la presidencia que resulta detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz.
El equipo de campaña de Maradiaga indicó en una nota de prensa que el político fue interceptado por la policía junto a su chofer y su abogado Róger Reyes, una vez que habían salido del edificio de la Fiscalía, y calificó su detención como “ilegal”.
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Antes de ser arrestado, el precandidato presidencial declaró a periodistas que fue interrogado sobre sus actividades como exdirector de una ONG de estudios económicos, si tenía nexos con el narcotráfico y si en sus viajes a Estados Unidos solicitó sanciones contra Nicaragua, a lo que él respondió que las pidió “pero no para castigar al pueblo sino a funcionarios del gobierno que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
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En su comunicado, la policía señaló que investiga a Maradiaga por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la Nación”.
Estos delitos, según se indicó, están contenidos en la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada por el Parlamento bajo control oficialista.